Dic 30, 2022 | Política

Venta ilegal de armas a Bolivia: la cronología del cargamento enviado por Argentina

Nota al Pie realiza un recorrido por el comercio de armamento durante el golpe de Estado a Evo Morales durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019, la evolución de la investigación y la falta de condenas en Argentina.
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La Justicia boliviana condenó a Jeanine Áñez a 10 años de prisión por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”. Crédito: Reuters.

Tras la sentencia emitida contra el ex funcionario de Bolivia, Renzo Arteaga Fernández, se reavivaron interrogantes en la causa. La venta ilegal de armas se produjo por la participación del gobierno de Mauricio Macri y la intervención de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad. El suministro de municiones y desembarco de gendarmes cooperó en la llegada de Jeanine Áñez.

Sin embargo, el avance de la investigación y la aplicación de las condenas funciona sólo en el país vecino. En Argentina se vive una realidad distinta porque les participantes en el proceso no fueron condenades. Por esta razón, en Nota al Pie realizamos una revisión de la causa en forma cronológica para conocer el entramado.

El inicio del golpe de estado

Evo Morales se impuso como ganador de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 con el 45,28% de los votos. No obstante, comenzaron las primeras acusaciones que dieron origen a un ida y vuelta por supuesto fraude electoral. Esto desencadenó en episodios de violencia en todo el país.

De este modo, Jeanine Áñez decidió ocupar el puesto en la presidencia de forma ilegítima por medio de la fuerza. El 12 de noviembre de aquel año, consumó el golpe de estado contra Morales. Así comenzó la relación entre Argentina y Bolivia para el suministro de armamento destinado a la represión de las manifestaciones en su contra.

Un día más tarde, un avión Hércules, proveniente de nuestro país, desembarcó en el aeropuerto de La Paz, en Bolivia. Esta nave transportaba gendarmes argentines y municiones anti-tumulto. El hecho se dio a conocer mucho tiempo después gracias a la carta escrita por Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El agradecimiento estaba dirigido a Normando Álvarez García, embajador argentino en Bolivia, y participe de esta venta ilegal. A su vez, Bullrich habilitó la partida de 15 gendarmes más el 15 de noviembre de 2019.

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En junio de este año, el gobierno de Bolivia informó el hallazgo de 50 mil balas anti-tumultos más, sobre un total de 70 mil. Crédito: Télam.

La venta ilegal de armas

La FAB retiró 70 mil balas anti-tumulto del hangar de los Diablos Negros del avión Hércules argentino. El aeropuerto de El Alto, en La Paz, fue protagonista de un grave hecho de contrabando. El gobierno argentino, durante la gestión de Macri, avaló la venta de armas a Bolivia para apoyar la dictadura.

Una semana más tarde de consumado este comercio ilegal, el fiscal Claudio Navas Rial imputó al presidente argentino por contrabando agravado. A su vez, apuntó contra otres presuntos implicades. Álvarez García, Bullrich, el ex jefe de gabinete, Marcos Peña, el ex ministro de Defensa, Óscar Aguad y el ex comandante de la Gendarmería, Gerardo Otero.

De este modo, el fiscal argumentó que “una maniobra hipotética como la que cabe investigar deberá haber contado con algún aval de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación”. Por otra parte, en julio de 2021, Eduardo del Castillo, ministro de gobierno boliviano, ratificó que Argentina envió armamento en un hecho de “tráfico ilícito de municiones”.

El funcionario explicó que “estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones y de granadas para la policía boliviana”. Tras el hallazgo de 26.900 balas anti-tumulto 12/70, confirmó que “vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”.

El comienzo de la investigación

En forma conjunta comenzaron las investigaciones en ambos países, pero con resultados bien adversos. En junio de este año, el gobierno de Bolivia le confirmó a la Justicia argentina que las municiones estaban destinadas a proteger la embajada. Sin embargo, constataron que pasaron a manos de la FAB y aseguraron que el desvío estuvo a cargo de Macri.

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Basteiro definió al movimiento liderado por Macri y Bullrich como un “plan sistemático” para derrocar al entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Crédito: El Federalista.

Las diferencias entre ambas causas son muy claras. En febrero de 2022, el Ministerio de Gobierno de Bolivia le pidió a la fiscal Magaly Bustamante Herbas imputar a dos funcionarios. El ex comandante de las FAB, Terceros Lara y el ex jefe de policía, Vladimir Yuri Calderón. Además, en la última semana de diciembre, Arteaga Fernández recibió tres años de prisión por este hecho.

Por otra parte, Argentina vive una realidad bien distinta. Pese a que el juzgado liderado por Alejandro Catania recibió información, aún no sentenció a nadie. De hecho, Ariel Basteiro, actual embajador argentino en La Paz, confirmó a mediados de este año que Macri y Bullrich deben ser condenades.

“Hay muchos elementos para poder imputar y procesar a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y todos los ministros, hasta al propio ex jefe de gabinete, Marcos Peña”, aseveró a Télam. Asimismo, expresó que “hay una prueba fehaciente, concreta y específica del delito y hay una causa abierta por contrabando agravado”.

Aún así, la denuncia emitida por Alberto Fernández contra estos intervinientes no avanzó y la investigación entró en un punto ciego. “La justicia argentina solamente llamó a declarar a los gendarmes”, ratificó Basteiro. Y el propio embajador explicó que “hay una clara manifestación de no querer profundizar la investigación”.

Les implicades en Argentina

En el más alto nivel de jerarquía está Macri, el ex presidente de Argentina. Él fue imputado en 2021 por Navas Rial por contrabando ilegal. Sin embargo, no es el único involucrado. Bullrich recibió una imputación por autorizar la partida del primer contingente de gendarmes que trasladó municiones a suelo boliviano. 

Asimismo, el fiscal solicitó explicaciones a Álvarez García por su rol como embajador y a Aguad que gestionó el Hércules C-130 para el viaje.  Luego, imputó a Gerardo Otero, ex titular de Gendarmería, por habilitar el despliegue de Agrupación Alacrán en La Paz. Y Rubén Carlos Yavorski por su rol como director de logística para sacar armas del país.Por último, Carlos Miguel Recalde, ex director de operaciones, que dio aviso del uso de las municiones enviadas. A su vez, el ex jefe de gabinete, Peña. Y más tarde, añadió al ex canciller Jorge Faurie como un nuevo imputado más. No obstante, aún no hay procesamiento en nuestro país y sólo declararon gendarmes involucrades.

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