El año 2022 ha permitido avanzar en algunas leyes pero también será recordado por la dificultad de gran parte de la sociedad argentina de afrontar la situación económica. Entre el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste y la imparable inflación, la realidad social se tornó más dura a medida que avanzó el año.
Sin embargo, la sociedad argentina se caracteriza por tener un espíritu de lucha implacable. Las distintas organizaciones sociales y políticas y en general la población organizada entienden que la forma de avanzar en la conquista de derechos es la movilización popular.
En este sentido, la manifestación de la voluntad popular impulsó la aprobación de varias leyes, especialmente a partir de luchas incansables frente al Congreso de la Nación. No obstante, otros temas quedaron relegados frente a la negativa de les legisladores de responder a las demandas de la sociedad.
Las leyes conquistadas
- Unides por la soberanía cultural
El sector de la cultura nacional obtuvo una respuesta a sus reivindicaciones tras la aprobación de la prórroga por 50 años de la asignación de fondos para el rubro. Debido a una ley del gobierno de Mauricio Macri, las instituciones culturales públicas dejarían de recibir recursos estatales a partir del 2023.
Frente a esta urgente situación, se creó la organización Unidxs por la Cultura para exigir una ley que extienda la asignación específica de recursos para el sector y así evitar un “Apagón Cultural”.
Gracias a la lucha de la organización, les legisladores convirtieron la prórroga en ley. Ahora, el financiamiento de organismos como los Institutos Nacionales de Cine, Teatro y Música y las bibliotecas populares está asegurado por los próximos 50 años.
- Cannabis medicinal
El 5 de mayo de 2022 la Cámara de Diputades sancionó la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. A partir de esta norma, el gobierno avanzó en la regulación de productos medicinales a base de la planta de cannabis. Además, también legalizó la investigación científica y el uso industrial de la planta.
Organizaciones sociales como Mamá Cultiva y Flores por la Libertad, se manifiestan desde hace años en contra de la criminalización de les usuaries de cannabis. A pesar de la conquista de regular su uso medicinal, aún siguen reclamando el cese de la persecución legal a quienes cultivan y consumen cannabis.
- Leyes de Oncopediatría y VIH
A finales de junio y luego de varias movilizaciones populares, el Congreso sancionó la Ley de Oncopediatría, que crea el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.
Este régimen implica que les menores que padezcan esta enfermedad tienen derecho a acceder al 100% de la cobertura de salud, licencia para les padres o madres, acompañamiento psicológico y asistencia económica.
En la misma sesión legislativa fue aprobada la Ley de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), ITS (infecciones de transmisión sexual), hepatitis y tuberculosis. Esta ley impulsada por la Federación Argentina LGBT y Act Up Argentina, implica el abordaje con perspectiva de género y de derechos humanos de los tratamientos.
La nueva ley actualizó la vigente desde 1990, agregándole la prohibición de los tests preocupacionales, la creación de un régimen jubilatorio especial, una pensión vitalicia, entre otras acciones para mejorar la calidad de vida.
Las reivindicaciones que siguen en pie
- Congelamiento de precios
El aumento desmedido de los precios fue una de las problemáticas centrales del año 2022: el nivel de inflación amenaza con alcanzar el 100% anual. Las organizaciones presentes en los barrios populares advirtieron la dimensión del perjuicio que la inflación, sobre todo en alimentos, causa a les trabajadores y familias.
Por esta razón, el Movimiento Libres del Sur lanzó una Iniciativa Popular para el congelamiento por un año de los precios de alimentos y tarifas. El proyecto consiguió la firma de más de dos millones de personas en todo el país.
Según la Constitución Nacional, el proyecto requiere el apoyo de al menos el 1,5% del padrón electoral para ser tratado obligatoriamente por la Cámara de Diputados. Las firmas fueron presentadas ante el Defensor del Pueblo para verificar su validez, no obstante la ausencia de voluntad de les legisladores de tratar la iniciativa logró su estancamiento.
- Indemnizaciones
En varias oportunidades, ex trabajadores de empresas públicas privatizadas se manifestaron frente al Congreso en busca de una respuesta a su situación. Se trata de miles de personas que trabajaban en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Debido al proceso de privatización encabezado por Carlos Ménem en la década de 1990, les trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, jamás fueron indemnizades y hoy exigen una reparación histórica. El diputado Juan Marino del Partido Piquetero presentó el proyecto de indemnización y podría ser tratado en el 2023.
- La deuda con el Medio Ambiente
Una de las mayores deudas del Congreso es el proyecto de ley de Humedales, en el contexto de crisis climática que se vive en el país. Hace años que los incendios forestales azotan las provincias argentinas, causando pérdidas irrecuperables de la biodiversidad.
Con el objetivo de controlar las actividades económicas sobre los recursos naturales para resguardar los humedales, organizaciones ambientales militan por una ley desde el año 2013. La normativa obtuvo sanción del Senado en dos oportunidades, pero fue cajoneada en la Cámara Baja.
El noviembre pasado una de las 10 leyes presentadas al respecto logró dictamen en la reunión plenaria de las comisiones legislativas. El 30 de diciembre es la fecha límite para tratar el proyecto en el recinto por la prórroga de las sesiones extraordinarias.
El proyecto será postergado una vez más, en consecuencia de la representación de una parte del arco político de los intereses económicos responsables de los daños ambientales: el agronegocio, la especulación inmobiliaria y el sector minero.