A más de dos meses de la represión en Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi), las comunidades ancestrales siguen en pie de lucha para ser escuchadas. Denuncian que la zona está militarizada y que aún cuatro lamgen siguen detenidas desde el 4 de octubre.
En ese marco, este lunes 12 de diciembre representantes del pueblo mapuche llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de ser recibides por el presidente Alberto Fernandez. La comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche-Tehuelche se quedará hasta el 14 de este mes.
Nota al Pie dialogó con Socaya Maicoño, una de las representantes de la comunidad, para conocer sobre sus mayores preocupaciones. “El poder político y el poder jurídico responden a las demandas de las empresas que terminan judicializando, criminalizando y asesinando a nuestro pueblo”, sostuvo.
Un reclamo eterno
Lo cierto es que los pueblos ancestrales llevan adelante una lucha histórica anteponiendose a la criminalización, la marginalización y la discriminación social. La construcción mediática y la falta de decisión política por reparar y ocuparse de estas comunidades hicieron que hoy sean catalogados como “conflictivos” y hasta “terroristas”.
En este sentido, Maicoño expresó: “Es un plan sistemático que venimos padeciendo hace más de 100 años como pueblo”. Además, explicó que a ser excluidos de la sociedad, nombrados como “ignorantes” o “bárbaros” ahora se le suma la persecución policial por “delincuentes”.
La comitiva que se encuentra desde este lunes en CABA, fue acción consensuada por más de 100 personas que participaron en un Füxa Xawün, en Bariloche el pasado 25, 26 y 27 de noviembre.
Criminalización de las comunidades ancestrales
Una de las cuestiones centrales a resolver gira en torno al Comando Unificado de Seguridad que creó el gobierno con el objetivo de resguardar a las personas y las propiedades de Villa Mascardi y Bariloche, provincia de Río Negro. Este comando reafirma la criminalización de los mapuches que desean recuperar sus tierras.
Para Maicoño, esta acción política “no solo discrimina a los mapuches sino también es para reprimir toda resistencia social de organización que esté reclamando sus legítimos derechos o defendiendo los territorios”. A su vez, cuestionó tal decisión porque objetan que “defienden la soberanía nacional y que nosotros la ponemos en riesgo”.
“Estamos muy alerta a estas cuestiones que nos atraviesan a todos, no solo al pueblo mapuche”, dijo. La mayoría de los empresarios que están involucrados en el pedido del cuidado de esas tierras son extranjeros; es decir la verdadera amenaza de la soberanía nacional.
“Es muy importante entender que esto no es un problema de pobres contra pobres. Sino que, los medios, el poder político y el poder jurídico siempre se terminan poniendo del lado del empresariado. Encarcelando y criminalizando a aquellos que reclamamos nuestros legítimos derechos”, concluyó.
Una deuda del Estado con el pueblo mapuche
Desde el gobierno de Alberto Fernández constantemente hacen propaganda sobre la construcción de un diálogo intercultural. Sin embargo lo que viven a diario las comunidades ancestrales de Bariloche refleja lo contrario.
“Estamos denunciando la vulnerabilidad de todos los Derechos Humanos como comunidad originaria, como mujeres, como infancias”, puntualizó.
Además, expresó: “Queremos desarmar ese relato de los medios hegemónicos que responden a los intereses de los empresarios, queremos demostrar que el grupo que viene tiene capacidad de diálogo. Sufrimos criminalización, racismo desde que nacemos y el Estado tiene una deuda histórica con nuestro pueblo”.