Dic 8, 2022 | Economía

Los programas sociales, cada día más lejos de contener a les más vulnerables

En el marco de una situación económica desesperante, el Gobierno nacional cuestiona la proyección de las asignaciones sociales. En tanto, la canasta básica continúa con aumentos y los sueldos pierden solvencia.
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En el mes de noviembre, los productos de almacén escalaron por encima de la inflación. Crédito: Hoy Día Córdoba}

El Instituto de Investigación Social, Economía y Política Ciudadana (ISEPCi) emitió un comunicado en el que detalla cómo los diversos programas sociales perdieron poder adquisitivo en relación a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En paralelo, el Frente de Todos sigue ensayando iniciativas poco claras para limitar las diferentes asignaciones.

Los programas sociales y la inflación de alimentos

Según el relevamiento realizado por el ISEPCi, una familia que en enero contaba con Plan Potenciar, Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar cubría el 99% de la CBA, mientras que en octubre pasó a ser del 87%. 

En tanto, el Índice Barrial de Precios (IBP), que comprende 900 comercios pertenecientes a 20 distritos del conurbano bonaerense, registró un aumento del 4,17% de los alimentos en noviembre. A su vez, el acumulado del año escaló al 94,42%. 

Una familia de dos adultos y dos menores necesitaba $31.849 para cubrir la canasta en diciembre de 2021; para noviembre precisó 30 mil pesos más. Los grupos que no alcanzan a tener ese ingreso mensual cayeron por debajo de la línea de indigencia. 

En noviembre, los productos de almacén encabezaron los aumentos, mientras que durante 2022 fueron las frutas y verduras lideraron la escalada. Por otro lado, los cortes populares de carne registraron un aumento del 53,85%. En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT) lleva un 85,35% de inflación acumulada en 2022.

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La nueva ministra Tolosa Paz viene avanzando sobre las organizaciones sociales, sobre todo las que no son oficialistas. Crédito: Télam

El Gobierno nacional avanza sobre la economía popular

Isaac Rudnik, director del ISEPCi, expuso la incertidumbre para las familias que reciben remuneraciones a partir de diferentes asignaciones sociales pero particularmente el Potenciar Trabajo. “Hay versiones que indican que una importante cantidad de quienes lo reciben estaría por fuera de las condiciones establecidas y por ende dejarían de percibirlo en los próximos meses”, planteó.

En el plan Potenciar hay cerca de 1.300.000 personas inscriptas. “Para hacerlo, debieron pasar una cantidad de controles establecidos por distintos organismos del Estado que terminan en la habilitación”, agregó Rudnik. 

Se trata de un programa laboral que tiene como contraprestación cinco jornadas laborales de varias horas en el marco de unidades productivas de la economía popular. A partir de una presentación judicial, el Ministerio de Desarrollo Social pidió que levantara el secreto fiscal de esas personas con el argumento de verificar la correcta habilitación.

El titular del instituto explicó que hace meses vienen realizando auditorías para quienes perciben el Potenciar pero sin criterios claros. “No se entiende si lo hacen para confirmar el cumplimiento de las condiciones o bien reducir, anular e incluso traspasarlas a otras unidades productivas de organizaciones oficialistas”.

En ese sentido, incorpora que la no percepción de los planes Potenciar “agrega una cuota de incertidumbre para cubrir sus necesidades básicas, en particular cumplir con la canasta básica”. 

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A pesar de la precaria situación económica, les trabajadores de la economía popular siguen movilizándose en reclamo de sus derechos. Crédito: Sebastián Mandrafina, Nota al Pie

Movilización para frenar el ajuste

En este contexto, el pasado martes 6, el arco de la Unidad Piquetera se concentró frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A partir del mediodía, las organizaciones nucleadas en el espacio reclamaron el pago del mes de diciembre del Potenciar Trabajo que aún no había sido acreditado. A su vez, exigieron un bono de fin de año a modo de aguinaldo y frenar la iniciativa de desvincular el programa con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)

El presidente confirmó que realizaría la transferencia pero hasta el tercer día hábil del mes aún no había sucedido. “El 6 de diciembre cientos de miles de personas en distintas provincias se movilizaron reclamando lo que legítimamente les corresponde”, explicó Rudnik. 
Luego de la instancia, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que el depósito se realizaría a partir del miércoles 7, situación que se fue desarrollando concretamente pero con cierta lentitud e incertidumbre.

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