El pasado miércoles, el juez federal Julián Ercolini aceptó el pedido del Ministerio de Desarrollo Social para obtener información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El objetivo de Victoria Tolosa Paz, titular de la cartera, es revisar aparentes irregularidades en titulares del programa Potenciar Trabajo. A través de su cuenta de Twitter confirmó la información.
“Me notificaron que el Juez Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre la necesidad de contar con la información de la AFIP”, explicó la ministra. A su vez, justificó la forma de ajuste: “Nos permitirá liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares”.
Según Tolosa Paz, el objetivo de Desarrollo Social será “detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre”. Sin embargo, Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, aseguró a Télam que “el Gobierno insiste en profundizar un ajuste sobre los que menos tienen”.
En consecuencia, la ex diputada nacional ratificó que “nuestra misión es seguir fortaleciendo el programa y dar un paso más en la consolidación y la transparencia de la política social”. No obstante, su pedido generó fuertes críticas en otros sectores.
La mirada de las organizaciones sociales
El inicio de las auditorías durante la gestión de Juan Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social se replicó desde la llegada de Tolosa Paz. Por este motivo, las organizaciones sociales observan un fuerte ajuste sobre las políticas sociales y en particular sobre el Potenciar Trabajo.
La estigmatización sobre les beneficiaries escaló muy hondo en diversos medios de comunicación por el señalamiento a sus titulares. Esto se debe a que el fiscal federal Guillermo Marijuan sostuvo que las bajas realizadas habrían sido ajustadas fuera de la normativa vigente. Según el magistrado, la cifra fue sensiblemente inferior.
Sin embargo, los movimientos sociales criticaron esta postura. En la última movilización, Saravia remarcó ante Nota al Pie que “hay supervisión del trabajo de las organizaciones, pero no entregan las herramientas”.
Asimismo, recordó que “el Salario Mínimo Vital y Móvil está en niveles de indigencia, cuando debería estar superando los niveles de pobreza”. Además, agregó que “lo de las centrales sindicales avalando está situación es realmente vergonzoso”.
A su vez, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, también fue muy crítico con esta decisión. “Rechazamos esa posible medida que, claramente, tiene la orientación de desenganchar el Programa Potenciar Trabajo del Salario Mínimo en función de su reducción y con el objetivo de que lo consuma la inflación”, expresó en Página 12.
El juez Ercolini levantó el secreto fiscal
Tras ordenamiento del magistrado, la Justicia levantó el secreto fiscal e indicó a AFIP entregar nombre, apellido y bienes de beneficiaries del Potenciar Trabajo, con el objetivo de revisar supuestas incompatibilidades. De este modo, analizarán a 1.362.579 titulares efectives del programa.
Esta investigación comenzó porque la ministra argumentó que “2.098 titulares de Potenciar Trabajo ingresaron en el mercado oficial y adquirieron 864.828 dólares ahorro”. Por esta razón, anticipó que “van a ser dados de baja del programa en forma inmediata”.
A su vez, Marijuan señaló que las bajas ya realizadas fueron inferiores a la información suministrada por AFIP. De acuerdo con él, hubo 2.200 bajas, pero habría unas 260 mil inconsistencias. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, presentó su declaración testimonial y respaldó a la titular de Desarrollo Social.