En el marco de las tomas de colegios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Gobierno porteño continúa con el amedrentamiento hacia les estudiantes y sus familias.
La máxima expresión de ello es la denuncia penal que presentó la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra padres; madres y tutores de les alumnes que participaron de las medidas de fuerza.
Además, el Ejecutivo porteño advirtió que prepara “una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases”.
Una acción concreta de esta medida es el caso del Colegio Mariano Acosta intervenido por sus estudiantes. Por medio de un informe oficial enviado a los medios, el Ministerio de Educación de CABA, a cargo de Soledad Acuña, comunicó que se demandó a “ocho adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma”.
De esta manera, y asimilando el derecho legal y legítimo de protesta con un delito criminal, el Gobierno Metropolitano solicita un millón y medio de pesos como resarcimiento por cada día de ocupación de los establecimientos.
“Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”, consignó la cartera educativa por medio de un comunicado institucional.
Según el mismo informe del Ejecutivo local, la denuncia se apoya en el artículo 60 del Código Contravencional. Este “pena a quien ingrese o permanezca contra la voluntad del titular del derecho de admisión, en lugares públicos o de acceso público o privado”. Por otro lado, el Ministerio anticipó que este tipo de decisiones se extenderá a los demás colegios.
Pronunciamiento del CELS acerca de la demanda legal
Frente a la medida de amedrentamiento tomada por el Gobierno porteño, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un documento de repudio. “No se pueden criminalizar estas protestas en las escuelas, que son parte del derecho de expresión y de reunión asegurados por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño”, expresa el comunicado.
En este sentido, el organismo aclaró que “el planteo de responsabilizar penalmente a un padre por lo que hizo un hijo no tiene sustento legal”. El fundamento de esta afirmación se apoya en el principio de que “no existe un trasvasamiento de responsabilidades por generación. Es inviable en términos jurídicos”.
La persecución policial del Gobierno Porteño
Desde la noche de este martes, patrullas y grupos policiales desarrollaron un “timbreo” en domicilios particulares de estudiantes que asisten a los establecimientos intervenidos. De esta manera, el Gobierno de la Ciudad optó por profundizar el conflicto frente a las tomas y pernoctes en las escuelas.
Las unidades de la Policía de la Ciudad solicitaron firmas para notificaciones por contravención municipal; y pidieron información de datos personales entre les padres de les estudiantes. Este fue el caso de familias del Mariano Acosta y la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg conocida como “Lengüitas”.
Bajo la misma modalidad, en las adyacencias de las instituciones educativas, personal policial realizó un control de documentación de identidad de muches estudiantes; y les requirió información sobre la conformación de los cuerpos directivos de los colegios tomados.
Disciplinamiento y criminalización
Desde la Defensoría del Pueblo de CABA, a cargo de María Rosa Muiños, se exhortó al diálogo entre autoridades metropolitanas y estudiantes. El organismo estima que para este jueves se emitirá una convocatoria a las autoridades del Ministerio de Educación; a los equipos directivos y a les delegades de centros de estudiantes con el fin de establecer una mesa de discusión.
Por su parte, el CELS acusó a la administración porteña de iniciar una campaña “para amedrentar a estudiantes y familias que participan en las tomas de las escuelas”. Además, en su cuenta de Twitter, el organismo advirtió que las acciones del Gobierno local buscan atemorizar y “debilitar la organización de las protestas”.