Este miércoles, dos policías bonaerenses fueron condenados a prisión por el asesinato del joven Lucas Verón, cometido el 20 de julio de 2020. Tras una audiencia virtual, Ezequiel Benítez recibió una pena de 21 años y 8 meses, en tanto, a Cintia Duarte se le asignaron 4 años de condena.
Nota al Pie dialogó con María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
El caso de Lucas Verón
El hecho, ocurrido en González Catán, sucedió en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio durante la pandemia del Covid-19. Allí, Verón y su amigo Gonzalo Aguirre volvían de comprar unas gaseosas, en el marco del cumpleaños de Lucas, ambos fueron atacados por un patrullero.
Según la investigación, Benítez efectuó cuatro disparos. Verón fue asesinado y Aguirre sobrevivió. El veredicto del caso fue expresado por el juez Gerardo Gayol del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza. Mientras que, el fiscal fue Sergio Antín.
En ese marco, el jurado sostuvo que Benítez fue el responsable de la muerte del joven de 18 años. Y, a su vez, indicó que el hecho se dio “en exceso del cumplimiento de sus funciones”. Además, el ex policía fue condenado por intento de asesinato de Aguirre. Por su parte, Duarte fue acusada como coautora del asesinato de Verón, pero no fue penada por lo ocurrido con Aguirre.
Una condena “agridulce”, la visión de CORREPI sobre el crimen de Lucas Verón
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional acompañó a los padres de Lucas Verón durante todo el juicio. Sobre las penas, María del Carmen Verdú manifestó: “Es una condena absolutamente agridulce. Fue un proceso muy manipulado. Esto fue denunciado por la familia y por las diversas organizaciones que la acompañamos”.
Además, Verdú hizo foco en por qué considera a esta resolución como ‘agridulce’: “Lo que hubiese correspondido, técnicamente, es la condena a ambos por el artículo 80, inciso noveno. El cual es el homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad con abuso de los recursos de su cargo o función”.
“Correspondía prisión perpetua”
Así, la abogada expresó que los tribunales se niegan a adoptar esa figura, del mismo modo que se niegan a aplicar la figura de tortura seguida de muerte. Esto se da, según explicó, porque ello implicaría responsabilidad estatal. Al respecto, la letrada fue contundente: “correspondía prisión perpetua”.
Por otro lado, la CORREPI remarcó las diversas desprolijidades que existieron en el proceso. Esto incluyó cambios de fecha y lugar, así como también la represión que sufrieron familiares de la víctima mientras intentaban ingresar a la audiencia la semana pasada.
El gatillo fácil durante la cuarentena
Según expresa un informe de la CORREPI, durante el comienzo de la pandemia aumentaron las muertes en lugares de detención. Además, las cifras de fusilamientos por gatillo fácil se mantuvieron. En 2020, la Coordinadora registró 537 muertes debido a la represión estatal. De ellos, más del 70% de los casos ocurrieron en los mencionados sitios de detención.
Sobre este contexto, Verdú comentó: “En el periodo de aislamiento tuvimos alrededor de 70 comunicados diarios, informando todas las denuncias recibidas de situaciones de violencia y represión policial”.
“El panorama de políticas sociales insuficientes generó que las personas tuvieran que salir igual a comedores para buscar la mercadería. Ello derivó en una serie de situaciones que tuvimos que reflejar con reportes diarios”, agregó.