Bajo el lema “Liberen a Ana” distintas organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Corrientes. Piden la absolución de una mujer víctima de una emergencia obstétrica, un aborto espontáneo, acusada de homicidio agravado por el vínculo. El pasado viernes 5 de agosto el Tribunal Penal Oral de Goya absolvió a Ana, y ordenó su liberación inmediata.
Nota al Pie dialogó con Natalia Ávalos, abogada de la víctima, quien aseguró que “el proceso de investigación fue largo y tortuoso. Me parece que la causa llegó muy lejos, se podía haber terminado mucho antes en algunas de las audiencias anteriores”. La víctima se encontraba detenida desde hace ocho meses por un aborto espontáneo y después del fallo pudo reencontrarse con sus dos hijes.
El tribunal integrado por Ricardo Diego Carbajal, Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para sostener la acusación. La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de Esquina, de donde es oriunda la víctima. Además, el juicio contó con cinco audiencias y con el acompañamiento de las agrupaciones feministas.
En declaraciones a los medios, Ávalos aseguró que en este proceso “quedó demostrada la criminalización hacia las mujeres, sobre todo a las más vulnerables”. Además, dijo que en estos casos se evidencia la falta de perspectiva de género de la justicia, que se debe aplicar de forma transversal en todos los espacios públicos.
El caso
Ana es de la localidad correntina de Esquina. El 10 de noviembre tuvo un aborto involuntario en su casa y días después el feto fue encontrado semienterrado en su patio. La mujer fue detenida y quedó presa en la Comisaría de la Mujer. Durante la primera instancia fue denegado el cese de la prisión preventiva y domiciliaria justificando “peligro de fuga”.
Sin embargo, “todos estos pedidos se nos negaron porque el juez consideraba el peligro de fuga, cuando Ana no tiene los recursos económicos para hacerlo, era totalmente irreal”, dijo Ávalos. Además, aseguró que Ana nunca intentó obstaculizar a la justicia; y que no se consideró que fuera madre de otres dos niñes de 6 y 11 años.
Entre los años 2018 y 2020 la Comisión Libre las Queremos de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito relevó más de 1500 casos de personas criminalizadas y denunciadas por abortar en Argentina. La emergencia obstétrica de Ana implicó la interrupción no voluntaria del embarazo. “Es algo que sorprende a cualquier embarazada y ella no alcanzó a llegar a un hospital”, dijo la abogada.
También aseguró que estos casos “suceden comúnmente en los hospitales, pero no se criminaliza a la madre”. Si bien la causa, en términos judiciales avanzó rápidamente, “la investigación se lleva a cabo criminalizándola a ella, sin investigarse como se debía”, sentenció Ávalos. Y agregó: “creo que el ser mujer es lo que la llevó al banquillo de los acusados”.
Perspectiva de género
La Ley Micaela, sancionada en 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todes quienes se desempeñan en la función pública. Esto incluye los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se trata de un proceso de formación integral necesario y –al día de hoy– urgente en muchos casos.
La provincia de Corrientes no es ajena a los casos de violencia de género, y “en muchas ocasiones la justicia es mucho más dura cuando quien está del otro lado es una imputada”, reflexionó Ávalos. Y agregó: “porque se nos pide que realicemos ciertas conductas; o no somos buenas mujeres y no estamos dentro del canon de lo que se espera”.
La abogada también remarcó la importancia de la perspectiva de género. Señaló que hasta el día de hoy “los estereotipos, las creencias personales o las religiosas infieren en las investigaciones”. Por otra parte, la letrada se refirió a que las capacitaciones se dictan pero no se aplican efectivamente en los casos. Enfatizó en que eso debe ser algo que se garantice de forma transversal y en todos los ámbitos.
Actualmente, Ana continúa con apoyo psicológico. Después de su liberación se reencontró con sus familiares. “Enfrentarte al sistema no es fácil y te lo hacen saber. Fue difícil, pero somos muchas y estamos por todos lados. De a poco vamos a ir generando redes, conociéndonos, porque sabemos que somos más de las que parecemos”, comentó Ávalos.
Red de contención y lucha
Las militantes de “Libres las queremos” visibilizaron el caso y construyeron una red que involucró a otras organizaciones nacionales y correntinas. En conjunto, siguieron todas las instancias del juicio. Durante las audiencias también participaron las doctoras Soledad Deza, como testigo, y Estela Manzano como perito forense. Deza había logrado la absolución de Belén, una joven condenada por un aborto espontáneo en 2017.
“Vamos a seguir luchando para que las cosas cambien, y para que no aparezca otra Ana y se la juzgue duramente”, manifestó la abogada. Por otra parte, agradeció la colaboración de Verónica Heredia, quien ofició como abogada asesora en el caso.
“Fue una responsabilidad muy grande, estoy feliz por el fallo y porque conocí a profesionales hermosas y generosas. Ver el ejemplo de estas mujeres que están en la lucha, que se mueven, que van de territorio en territorio tratando de ayudar, ya sea desde su profesión o desde la militancia, es un ejemplo para mí”, concluyó Ávalos.
Para finalizar también reflexionó sobre la importancia de que las víctimas no se sientan solas, “de que hablen y no tengan miedo; porque si nos apoyamos entre todas vamos a vencer y vamos a lograr un mejor futuro”. Natalia acompañó la causa a través de la militancia. Su profesión le permitió defender en primera línea a la acusada. Su convicción, lucha y defensa, lograron la libertad de Ana.