Esta semana, el Gobierno porteño anunció que asumirá el control del servicio de acarreo. La medida será por mal estacionamiento en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La decisión se comunicó a principios de esta semana. No obstante, el pasado martes, el Boletín Oficial del GCBA oficializó que se dejará sin efecto la continuidad de la prestación del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido; estos últimos a cargo de las empresas BRD-SEC y Dakota SRL.
Dicha resolución se dio a partir de la presión y los reclamos de la formación del “Frente Anti-Grúas”. El mismo incluye a las fuerzas opositoras del Frente de Todos, la Izquierda y La Libertad Avanza.
De manera previa, las fuerzas comprendidas en el Frente habían convocado a una sesión específica en la Legislatura porteña. El objetivo fue que se estableciera la suspensión del contrato de las empresas BRD y Dakota, que eran las que estaban vinculadas al servicio de acarreo.
Empresas de acarreo: irregularidades y licitaciones vencidas
Cabe destacar que la formación opositora reclamó que la licitación que tenían las empresas “lleva 20 años vencida”. En ese sentido, semanas antes, desde la formación habían denunciado “irregularidades” en la concesión actual.
Estas “irregularidades” se denunciaron de manera formal a través de la publicación de un informe que llevó a cabo la Auditoría General de la Ciudad y contó con la firma del equipo de auditores.
Al respecto, en el documento citado se expuso que “el canon que pagan las empresas a cargo del servicio se mantuvo congelado desde el 2014”, con un valor de 55 mil pesos.
En ese aspecto, Télam informó que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, explicó en una conferencia de prensa que el Gobierno de la Ciudad tomará el control del servicio de manera transitoria. Esta medida estará vigente hasta que se defina la nueva licitación.
Antecedentes del caso
En relación a lo expuesto, el Gobierno local abrió la convocatoria a licitación a fines de julio pasado. En este punto, el informe citado explicó que aunque las licitaciones estaban vencidas, las empresas habían continuado con el servicio mediante prórrogas.
Los contratos de las empresas tuvieron lugar en 1990 y debían extenderse hasta 2001. Sin embargo, a lo largo de los años, las fechas de finalización de los mismos se dilataron en siete oportunidades.
El informe de la Auditoría General de la Ciudad brindó una serie de precisiones al respecto. En el caso de la empresa BRD, el documento registró que, en 2016, tuvo un ingreso total que superó los 57 millones de pesos.
Aunque la empresa abonó un canon anual de 660.000 pesos, el estudio puntualizó que la tarifa en ese entonces tenía un valor de 750 pesos. De este modo, tras haber realizado 76.637 acarreos, el total daría un valor más cercano a la cifra mencionada anteriormente.
Asimismo, la Auditoría de la Ciudad también se refirió al caso de la empresa Dakota, la cual presentó una situación similar. De acuerdo al organismo, en 2016 la firma «realizó 84.919 acarreos. Esto le representó un ingreso de $63.689.250, de los cuales tuvo que pagar $660.000 de canon anual».
En la actualidad, la administración porteña tomará el control del servicio mediante Autopistas Urbanas S.A (AUSA). Mientras tanto, la oposición continúa con el pedido de investigaciones para que se analicen posibles «irregularidades» en las extensiones de los contratos que obtuvieron BDR y Dakota.
La Secretaría de Transporte y Obras Públicas informó que el nuevo sistema de acarreo prevé que los pagos ingresen directamente al Estado. En el caso de las empresas, recibirán un monto fijo mensual.