El Ministro de Economía de la Nación Sergio Massa ha asumido el difícil rol de enderezar la economía del país, en medio de una inflación récord. A esto se le suman los altos niveles de desocupación, desempleo y pobreza que resultan insostenibles para el bolsillo del pueblo.
Y ante la falta de medidas para paliar las verdades necesidades de la gente, el Senado aprobó dos leyes solicitadas por Massa. Una de ellas es la prórroga de la vigencia del blanqueo de capitales para activar el sector de la construcción.
Este es uno de los cuatro expedientes que se encuentran en un estudio de la Cámara Alta. Posteriormente, se dió tratamiento al Consenso Fiscal entre las provincias.
De esta manera, el Senado transformó en ley un proyecto que estira la vigencia de un blanqueo de capitales que beneficia al sector de la construcción con incentivos impositivos.
En conclusión, beneficiaría a quienes declaren bienes. Además serían incluidos en el programa “puente al empleo”, referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.
Por otra parte, en el tintero del Congreso nacional se encuentran otros tres expedientes: el de la industria automotriz, el de biotecnología y el de biotecnología.
Estos contemplarían beneficios impositivos con el fin de incrementar las exportaciones para sumar reservas. Y, de ese modo, fomentar el crecimiento productivo y la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, a la hora de la votación hubo disidencias y posiciones encontradas.
Voces disidentes
La presidenta de la Comisión de Infraestructura, la oficialista formoseña María Teresa González, aseguró que “la orientación de este proyecto está basada en cuatro objetivos que son fundamentales. (Estos son el) repunte de la industria, generación de empleo, aumentar la recaudación y el ingreso genuino de divisas”.
Por su parte, el radical chaqueño Víctor Zimmermann manifestó que Juntos por el Cambio no iba a apoyar el proyecto. Esto es porque se considera que “estamos debatiendo la prórroga de un blanqueo que les hace un favor a aquellos que evadieron y llevaron la plata afuera”.
Por otro lado, la senadora por Córdoba Federal, Alejandra Vigo, expresó que iba a apoyar el proyecto. Sin embargo, cuestionó la “falta de cordura que impera en esta gestión”, referida al Gobierno que comanda Alberto Fernández.
Consenso Fiscal
Otro de los temas que estaban arriba de la mesa era el nuevo consenso fiscal. Suscrito por 20 gobernadores y el presidente, Alberto Fernández, en diciembre de 2021, la Cámara Alta dio media sanción al pacto que pasará a diputados. La norma obtuvo 45 votos a favor, 14 en contra y una abstención, la del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo.
El consenso fiscal aprobado prevé que las alícuotas de los Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
Este acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen. De modo tal que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica.
Al igual que la primera votación, hubo disidencias a la hora del debate. El kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) se sinceró al manifestar: “Este Consenso Fiscal me hubiese gustado que tenga muchas otras cosas”. Pese a eso, señaló que “es un avance importante de lo que se logró en diciembre del 2021 en relación a Consensos Fiscales anteriores”.
Por otro lado, el titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), arrancó su discurso con munición pesada. Calificó el proyecto como un “nuevo parche a nuestro sistema de distribución de recursos fiscales”.
Además consideró que “es un nuevo parche al maltrecho régimen que en su última versión está instituido por la Ley 23.548 de 1988. A partir de ahí se han hecho innumerables agregados, quitas y tenemos ahora el laberinto de la coparticipación”.
Más acción en Diputades
La Cámara baja recibirá los proyectos con media sanción desde senadores, también tuvo su propia jornada. Se avanzó en comisión con el dictamen de la ley de Enfermería.
Esta tiene como objetivo “mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a les enfermeres en su formación continua”.
En la reunión, desde el interbloque de Juntos por el Cambio plantearon discrepancias con el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos. La diputada Graciela Ocaña (PRO) destacó la importancia de incluir un fondo especial para la formación de enfermeres.
Según el texto original del Poder Ejecutivo Nacional, la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”.