El pasado miércoles 3 de agosto, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, comunicó que dispuso la baja obligatoria de seis militares condenados por delitos de lesa humanidad. Éstos fueron perpetrados durante la dictadura cívico-militar que inició en 1976.
A cargo de la causa se encuentra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; este fue quien notificó al Ministerio de Defensa una vez quedó firme la sentencia. En consecuencia, el Ministerio debe actuar según lo previsto en la Ley N° 19.101 para el Personal Militar. Esta normativa establece la baja obligatoria de los condenados como resultado de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme.
De ese modo, se le quitó el estado militar a Adolfo Miguel Donda; Ricardo Miguel Cavallo; Alberto Eduardo González; Jorge Carlos Radice; Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías.
Todos ellos comparten haber estado involucrados en los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de Iglesia Santa Cruz. No obstante, también se los señala como coautores en causas de robos de bienes, tormentos, privaciones ilegales de la libertad y el homicidio del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La mayoría de los ahora ex militares recibieron su condena en la megacausa ESMA.
La razón de la medida
La decisión se enmarca en el compromiso asumido por la cartera de Defensa de implementar una política de respeto a los DD HH. A su vez que retoma su puja por la integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil.
‘’Resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad», afirmaron desde el Ministerio.
Las repercusiones
Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), habló con Télam al respecto. En diálogo con el medio, expresó: «Siento orgullo de ser parte de un Estado que le da la baja a estos servidores de los poderes concentrados que utilizaron las armas más violentas que la sociedad argentina conoció».
La funcionaria es sobrina de Adolfo Donda, uno de los oficiales que estuvo a cargo del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada, donde ella nació en cautiverio. Los padres de Victoria, José María y María Hilda, fueron detenidos y desaparecidos durante la última dictadura.
Al respecto, también se manifestó Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La organización que busca justicia por los cinco Mártires Palotinos asesinados por el Estado durante la dictadura. Sobre la medida de Taiana expresaron: ‘’Saludamos la decisión del ministro Jorge Taiana de disponer la baja de seis militares con sentencia de condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar».
Además, en su cuenta de Twitter (@palotinosxmvj) recordaron un momento clave; cuando en julio de 2006, el juez Sergio Torres ordenó el procesamiento de Pernías, Acosta, Rádice y González, junto a otros 14 integrantes del GT 3.3.2 de la ESMA. En la causa se los responsabiliza por su rol en la Masacre de San Patricio, donde se perpetuaron los asesinatos de los cinco Mártires Palotinos.
Desde H.I.J.O.S Capital también celebraron la decisión tomada desde la cartera nacional. ‘’Estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas. Así como también continúan cometiendo el delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de víctimas de desapariciones forzadas que aún buscamos’’, afirmaron.