La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) elevó, ante la Secretaría de Gobierno municipal, el pedido de aumento en el servicio de colectivos en Mar del Plata.
A la Cametap la encabeza el empresario Juan Inza; y, ante el pedido, el intendente Guillermo Montenegro tiene la potestad para implementar aumentos hasta fin de año sin intermediación del Concejo Deliberante.
Cabe mencionar que el pasado 5 de mayo se produjo el último aumento en el pasaje de colectivo en Mar del Plata. Este trasladó la tarifa plana de $59,60 a $74,38. El viaje cuesta hasta $118,03 para trayectos más extensos en líneas suburbanas o urbanas mixtas.
Según informó el sitio Qué Digital, para llegar a estos números, realizaron un estudio de costos empresariales que dictaminaron, en principio, un aumento a $91,96.
Si bien el estudio oficial realizado por la Dirección de Transporte municipal coincidió con esos valores, finalmente el Gobierno decretó el incremento según la inflación acumulada desde el anterior aumento. Por lo tanto, se determinó una suba del 24,1%.
En esta línea, a través de un nuevo estudio de costos, las empresas vuelven a pedir un aumento en los valores de los pasajes de colectivos. De este modo, reclaman que de los $74,38 salte a $150,12, lo que totaliza un incremento del 100% para la tarifa plana.
Ante el pedido, la municipalidad derivaría el estudio a la Dirección de Transporte para que elaboren el propio y llegar a una resolución. Cabe destacar que hasta fin de año, el intendente Montenegro puede decretar los aumentos que considere.
Preocupación desde la Defensoría del Pueblo por la situación en Mar del Plata
A partir del pedido de aumentos por parte de empresarios de transporte en los pasajes de colectivos en Mar del Plata, el Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, se expresó con preocupación.
“Consideramos que un incremento de ese monto significa excluir a miles de usuarios que no van a poder pagar el costo del boleto”, indicó en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata.
El Defensor del Pueblo continuó: “Para nosotros se trata de armar una mesa de discusión donde estén sentados todos los sectores y se pueda tener en cuenta al vecino que nunca es tenido en cuenta al momento de evaluar los costos”.
Por otra parte, además de rechazar este aumento, consideró que hoy en día “se reciben muchas quejas en cuanto al servicio de colectivos en la ciudad”; y justificó: “La gente tiene que esperarlo más de lo debido, muchas veces pasan llenos y no frenan, entre otras cuestiones”.
Antes, estafaron al Estado
A través de la causa “choferes fantasmas”, se comprobó que el empresario Juan Inza, junto con Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico Pomero (contador) estafaron a la administración pública.
Tras cinco años de las denuncias, la causa terminó con un “aprobation”, o suspensión de juicio a prueba, en abril. Para ello, el juez Fernando Machado Pelloni del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de un querellante y confirmó el acuerdo entre los empresarios y el fiscal.
Este recurso permite finalizar el conflicto sin encarcelamientos pero con pautas de conductas a seguir.
En consecuencia, se ordenó que los empresarios deberán devolver cerca de 22 millones de pesos al Ministerio de Transporte de la Nación; construir diez garitas a modo de “reparación”, e indemnizar a las personas a quienes les usaron los datos personales.
La investigación reveló que les empresaries elaboraron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos, especialmente ante la AFIP, a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones, o bien no lo hacían de forma registrada y en ese categoría”, según se desprende de la causa, informó Qué Digital.
De este modo, se concluye que utilizaron información de personas que habían otorgado su currículum en busca de trabajo. El objetivo de la estafa consistía en cumplir con los requisitos para beneficiarse con subsidios.