martes 23 de abril de 2024

¿Qué hay detrás de los allanamientos a organizaciones sociales?

La Corriente Clasista y Combativa emitió un comunicado tras registros en hogares de sus integrantes. Nota al Pie dialogó con Juan Carlos Alderete, líder del movimiento y diputado nacional.
Nuevos ataques mediáticos a las organizaciones sociales
Juan Carlos Alderete expresó a Nota al Pie: “Las organizaciones sociales molestamos a muchos, pero no vamos a aflojar”. Crédito: web de la Corriente Clasista y Combativa.

En los últimos días, los medios hegemónicos de comunicación lanzaron un nuevo ataque a las organizaciones sociales. Esta vez, la noticia fue el allanamiento a comedores, copas de leche y hogares de integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). 

El 5 de julio de este año, la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 casas de personas de la organización. A su vez, pidió que se revisaran merenderos y comedores de la CCC en los partidos bonaerenses de San Martín y La Matanza, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Nota al Pie dialogó al respecto con Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el Frente de Todos y líder de la Corriente Clasista y Combativa. El referente afirmó: “Las organizaciones sociales molestamos a muchos, pero no vamos a aflojar. No nos van a arrodillar, nos enfrentaremos aunque las condiciones sean difíciles”.

La noticia que circuló en noticieros y portales web fue el hallazgo de “50 mil dólares y 7 millones de pesos” en locales de la agrupación a partir de los allanamientos. Otra vez, se culpa a les dirigentes de movimientos sociales de ser “punteros políticos”. Pero, ¿qué hay detrás de las acusaciones?

La CCC emitió un comunicado en respuesta este fin de semana. Allí, explicaron el por qué de los allanamientos y en qué se utiliza el dinero. Además, repudiaron la persecución mediática y judicial no sólo contra su agrupación, sino hacia las organizaciones sociales en general.

Organizaciones sociales
El pasado viernes, 200 integrantes de la CCC se reunieron en asamblea luego de la persecución judicial y mediática. Crédito: web de Corriente Clasista y Combativa. 

Acusaciones a la CCC 

En su descargo, desde la Corriente Clasista y Combativa explicaron que la situación se dio “en el marco de una causa que armó el macrismo antes de irse del gobierno en 2019”. A su vez, aseguraron que no hubo ninguna acusación de delito ni imputades. La carátula de la investigación es “averiguación de delito”. 

En la misma línea, denunció que “es un ataque muy coordinado con la mesa judicial del macrismo”; y agregó: “No es casual la fecha de reactivación del caso”. La jueza Vence lo retomó luego de las elecciones del 2021, “cuando el macrismo se envalentonó luego de los resultados”, añadió el dirigente social. 

En sus inicios, la investigación se generó a partir de denuncias anónimas a la organización. En ese marco, se realizaron escuchas telefónicas a más de 100 integrantes de la CCC, algunas en tiempo real. 

“El teléfono pinchado fue un procedimiento desproporcionado”, opinó Alderete. “Es una persecución como si fuésemos una banda de secuestradores o de narcotráfico.   Entiendo que para esas cosas se utiliza en tiempo real la escucha de comunicación telefónica”, detalló.


Los allanamientos 

La culpabilización por presunto mal manejo de dinero a las organizaciones sociales es moneda corriente en los medios de comunicación. En este sentido, Alderete se refirió a la convivencia entre la Justicia y algunos multimedios. 

“De ahí se desprende que se filtran filmaciones y fotos antes que terminara el allanamiento”, reflexionó. El líder de la CCC afirmó que tan solo unas horas después del procedimiento, canales como TN y La Nación+ ya conocían los resultados. 

Este fin de semana, en noticieros y portales web mostraron fotos de dólares que se encontraron en los operativos. El comunicado que emitió la Corriente Clasista y Combativa, explica para qué utilizan el dinero. “Los dólares encontrados pertenecen a los ahorros de toda la vida del matrimonio de una de las casas allanadas”, afirma. 

También remite que los pesos que allí se incautaron son parte de los aportes de les integrantes de todo el país para la CCC: “Es una organización que se autofinancia. Cada compañero y compañera aportan voluntariamente para sostener al movimiento”.

“Se hacen decenas actividades como fiestas, peñas, locros, venta de empanadas. Así es como mantenemos nuestra independencia política”, continúa el comunicado.

A su vez, Juan Carlos Alderete se refirió a los allanamientos en merenderos. “En un comedor encontraron cinco paquetes de leche, cuatro de yerba, tres de fideos. ¿Qué pueden encontrar allí si no es alimento?”, se lamentó a Nota al Pie.

En este sentido, remarcó que en los multimedios no se habla de cómo se cocina ni se consiguen los alimentos para hacerlo.  

Organizaciones sociales
En los últimos meses, se acusó constantemente de mal manejo económico y de planes sociales a las organizaciones sociales de la Unidad Piquetera. Crédito: Pedro Ramos, Nota al Pie. 

Persecución a las organizaciones sociales

Los allanamientos a la CCC no son un caso aislado. A principios de este mes, el gobierno de Gerardo Morales realizó procedimientos similares en Jujuy. Bajo la figura de “extorsión y asociación ilícita”, indagaron a diferentes organizaciones y movimientos sociales de la provincia. También se reactivaron causas con el mismo fundamento judicial en La Pampa, Chubut y Santa Fe.  

A los movimientos sociales nos atacan por distintas vertientes, porque molestamos en los territorios”, dijo Juan Alderete; y agregó: “Nos politizamos y tenemos presencia territorial donde el Estado, los gremios están ausentes”. Además, refirió que los tres mayores multimedios toman el tema permanentemente: “No hay día que no pasen, siguen embarrando y ensuciando”. 

En cuanto a la CCC, el próximo jueves se movilizarán hacia la Corte Suprema de Justicia para pedir la libertad de Milagro Sala y apoyar distintas causas del resto del país. “Hoy nuestro equipo de abogados presentó una nota para reacusar a la jueza”, puntualizó Alderete; y aseveró: “El procedimiento (pinchar teléfonos) no tiene nada que ver con lo jurídico, sino que queda claro que es una decisión política”.  

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