Desde hace varios días el Salario Básico Universal (SBU) se encuentra en el centro del debate. El mismo ha suscitado desde conversaciones públicas entre referentes políticos a la movilización en las calles; de discusiones en plenarios a debate gubernamental entre los socios del Frente de Todos.
Además, la reciente asunción de Silvina Batakis frente al Ministerio de Economía y la reorganización del programa de gobierno dejó una ventana abierta para que las organizaciones sociales avancen en su plan de lucha. No obstante, ante la demanda social del SBU, Batakis aseguró que “hay que estudiarlo”.
La importancia del SBU en tiempos de dependencia económica
“De la clase trabajadora hay 9 millones de personas. 7,5 millones son pobres y solo 1 millón trabajamos en cooperativas de la economía popular organizada”, señaló Dina Sánchez, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en un posteo de Instagram.
Durante el último tiempo, la UTEP ha reivindicado la implementación del Salario Básico Universal. El objetivo del SBU es alcanzar a los 7,5 millones de argentines que trabajan por su propia cuenta pero no les alcanza para subsistir, acabando con la indigencia y reduciendo la pobreza.
El SBU es una propuesta que incluso el Papa Francisco ha alentado, es decir, el problema es de carácter mundial. El sistema capitalista actual niega así el trabajo digno a millones de personas y la posibilidad de acceder a los bienes elementales de la vida. Es un asunto “a explorar con urgencia”, convocó el pontífice en octubre del año pasado, durante en el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares.
Asimismo, desde la UTEP también sostienen que la necesidad de avanzar en el SBU es consecuencia de la consolidación de un modelo económico que genera dependencia. En tanto, otros referentes, que no pertenecen a la UTEP u organizaciones sociales, abrazan la política económica por el contexto actual pero advierten riesgos. Señalan así que, si no se encuadra en un plan que apunte a recuperar el empleo genuino, será una medida paliativa débil.
Nadie puede estar en contra del salario básico universal en el actual contexto de urgencia. Pero tampoco se puede dejar de remarcar que primero debe existir un plan en desarrollo para recuperar el empleo genuino perdido a manos del liberalismo económico y el modelo exportador….
— Rodolfo Pablo Treber (@Rodolfo_Treber) July 13, 2022
Un debate que reorganizó el escenario político
Decididas a conquistar el Salario Básico Universal, organizaciones sociales, de diversas corrientes políticas, se lanzaron a las calles exigiendo al gobierno su concreción.
En ese marco, el dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois destacó: “No hay ningún avance en medidas redistributivas o frenar la concentración económica; los grandes monopolios alimentarios siguen especulando gratuitamente con el hambre del pueblo”. A su vez, de cara a las jornadas de lucha, sentenció que “como movimientos populares no tenemos otra opción que salir a dar la pelea en la calle”.
Los movimientos nucleados en la UTEP, pero también aquellos que tienen otros posicionamientos políticos, se agruparon tras esta causa concreta, enfrentándose al gobierno nacional. Además, organizaciones con responsabilidades estatales y aquellas que, desde el inicio protestaron con el programa económico del Frente de Todos, todas coinciden en la necesidad de afianzar el SBU.
“Miles de niñas y niños a los que les vamos a pedir que el 0,7% de nuestro PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad. Si alguien tiene una idea mejor, que la traiga”, destacó Nacho Levy, director de La Garganta Poderosa, en una entrevista en C5N.
El último índice del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró que el 37,3% de la población urbana en Argentina es pobre y 2,4 millones son indigentes. Sin embargo, desde el año 2010 se estructuró un paradigma en el que un tercio de la población es pobre y gran parte está mal alimentada.
La contrapropuesta del gobierno
El debate sobre el SBU dio un salto de escala y sufrió un proceso de aceleración debido a motivos estrictamente políticos. La salida del ministro Martín Guzmán y su rápido reemplazo con Batakis expresó los grados de tensión dentro del gobierno. Además, supuso una oportunidad para los sectores que critican su programa económico. Los movimientos sociales cerraron filas en favor de la propuesta y se movilizaron en las calles, pero el gobierno nacional también se organizó al respecto.
Si bien, el tándem del oficialismo estuvo de acuerdo en contener la discusión sobre el SBU, marcó disidencias. Por un lado, están en desacuerdo con que se sancione por DNU y proponen que se trabaje de forma parlamentaria. Además, realizan una contrapropuesta, en lugar del SBU, crear el Ingreso Complementario.
Así, mientras el primero plantea como destinatario a desocupades u otra clase de contribuyentes de entre 18 y 64 años, el segundo acota a un universo menor de personas y con una suma menor. En lugar de una canasta básica alimentaria para un adulte, como indica el proyecto del Frente Patria Grande, el Ingreso Complementario sería la mitad: 14.400 pesos.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ordenaron para contener políticamente la demanda. Realizaron así una contrapropuesta económica alineada a los objetivos fiscales que indica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En efecto, con un Sergio Massa que no avanza en el pasaje de planes sociales a empleo formal; el Frente de Todos mueve sus fichas por la presión de los sectores más vulnerables del país en las calles.