Luego de los allanamientos a organizaciones populares en Jujuy, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos emprendió una nueva visita a la provincia del norte. Se trata del tercer viaje que realizan a dicha región.
Según informaron, la finalidad de la visita es continuar con el relevamiento y la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Gerardo Morales. Además, pretenden evitar las posibles detenciones a militantes llevadas a cabo por el aparato judicial en complicidad del poder provincial.
Entre la comitiva que viajó esta semana, se encuentran Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza; y la diputada nacional Natalia Zaracho.
También participan militantes de organizaciones de Córdoba, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de La Plata y de la CTA-A. Además, se supo que, por primera vez, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia.
Tercer relevamiento en la provincia
Entre el miércoles 13 y el viernes 15 de julio, una misión integrada por dirigentes sociales, sindicales y polítques, se dirigió a Jujuy. El objetivo era relevar denuncias por vulneraciones a los Derechos Humanos en la provincia.
Al igual que en las dos oportunidades concretadas en 2021, la Comisión sistematizará los atropellos organizados que espacios políticos y sociales sufren de manera constante. Según denuncian, los ataques fueron perpetrados por sectores que responden al gobernador jujeño.
A través de un comunicado, desde la Comisión expresaron que “la necesidad de una tercera misión de Derechos Humanos a Jujuy habla de un contexto político y social que se ha ido agravando en el último año. Ya se han dado cuenta distintos sectores políticos y sociales”.
“El caso más grave y conocido es el del hostigamiento cruel contra la dirigente Milagro Sala. Junto a ella, son centenas los militantes judicializados, allanados, perseguidos y hostigados por el gobierno de Gerardo Morales y sus brazos judiciales y policiales”, agregaron.
Además, les militantes de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos resaltaron la urgencia de nuevas medidas. En ese sentido, destacaron la importancia de intervenir el Poder Judicial provincial “para poner fin al gravísimo contexto de violencia institucional y supresión de derechos que padece el pueblo de Jujuy”.
Los inicios de la Comisión
La Comisión de Solidaridad está integrada por militantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Entre ellas se destacan la APDH La Matanza; la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras agrupaciones de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Fue gestada en 2019, tras el golpe de Estado en Bolivia que derrocó al entonces presidente Evo Morales. En ese contexto, un grupo de militantes viajó para denunciar las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno de facto de Jeanine Añez.
En declaraciones con Página 12, el abogado Sergio Job e integrante de dicha comisión, explicó que luego de ese viaje tuvieron otras intervenciones “ante distintas situaciones que lo ameritaban”.
“Ese mismo año, en 2019, hicimos dos visitas a Jujuy”, contó el también militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y detalló que esas intervenciones “derivaron en el informe que presentamos en octubre de 2021”,
En dicho informe, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos presentó el relevamiento de más de 40 casos de criminalización de la protesta; vulneración de derechos de las comunidades indígenas; impunidad estatal, entre otros.
Con respecto a la nueva misión, Job sostuvo que Jujuy “atraviesa una situación sumamente preocupante en términos de democracia, de respeto a la institucionalidad y los principios republicanos, de garantías constitucionales y penales”.
Para concluir, agregó: “Todo eso en Jujuy está en suspenso a partir de la decisión de un Poder Ejecutivo que utiliza al Judicial como grupo de choque y persecución”.