Jul 13, 2022 | Derechos Humanos

Lesa humanidad: Blaquier será evaluado por la junta médica

La Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de la defensa y deberá ser sometido a un nuevo estudio para determinar si está en condiciones de ir a juicio. El empresario de Ledesma está procesado por los crímenes de la Noche del Apagón.
Carlos Blaquier, dueño de la empresa Ledesma, deberá someterse a un estudio para determinar si puede ser enjuiciado por los crímenes de lesa humanidad. Crédito: Télam

La Cámara Federal de Casación rechazó el “recurso de reposición” que presentó la defensa del empresario Carlos Blaquier por lo que deberá ser evaluado nuevamente para determinar si puede ir a juicio.

El empresario de 94 años, por entonces Presidente del directorio de Ledesma, está procesado en la causa denominada como La Noche del Apagón por 23 casos de privación ilegal de la libertad en colaboración con la dictadura cívico-militar en 1976.

El pasado 6 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy había suspendido el juicio contra Blaquier por incapacidad mental. En su lugar, continuaron el proceso contra Alberto Lemos, administrador de la empresa durante los crímenes.

La situación cambió con la intervención de los jueces de Casación, Mariano Borisnky y Javier Carbajo, quienes ahora confirmaron la decisión de la semana pasada, Blaquier deberá ser examinado por una junta médica.

 Se investiga lo ocurrido durante La Noche del Apagón durante julio de 1976, donde se acusa a la empresa Ledesma de colaborar con el terrorismo de estado. Crédito: Télam

El recorrido de la causa

La causa se abrió en 2012, cuando la justicia federal de Jujuy procesó tanto al dueño del Ingenio Ledesma como al administrador general en el momento de los hechos, Carlos Blaquier y Alberto Lemos respectivamente.

Se los acusa de participar en la privación ilegítima de la libertad de 23 personas, facilitando el accionar de la dictadura cívico-militar durante La Noche del Apagón en julio de 1976.

En paralelo, también se los investiga por otra causa, la desaparición del entonces intendente de Ledesma, Luis Arédez, en marzo del mismo año.

Si bien estaba todo listo para elevar la causa a juicio oral, la Cámara de Casación Penal de la Nación dictó la falta de méritos y desligó del juicio a los acusados.

Para 2021, la Corte Suprema de Justicia señaló que Casación demoró indebidamente el expediente y su abrupto final. Finalmente Casación revocó la falta de mérito y envió el expediente nuevamente a Jujuy para que continúe la instrucción.

A partir de allí, la primera imposibilidad de llevar a juicio a Blaquier por no ser apto para el mismo, y ahora, el dictamen que se deberá evaluar nuevamente al empresario para determinar si continúa el juicio. Mientras tanto, Lemos no es ajeno al proceso.

Pasan los años con una causa paralizada que recién ahora, intentará avanzar tras más de 40 años de los hechos.

La causa empezó en 2012 y fue paralizada hasta este período. Crédito: Télam

La Noche del Apagón

La noche del apagón fue un plan perpetrado por las fuerzas del Estado durante la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Las noches de los apagones tuvo lugar en julio de 1976, con el objetivo de cortar la iluminación en las calles para llevar adelante los secuestros de personas en Ledesma, Jujuy.

Respecto a este accionar, es donde se ve involucrada la empresa Ingenio Ledesma.

En esta línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un informe en el que detalla la participación de varias empresa en los secuestros que llevó adelante la dictadura militar.

Uno de los casos que cita, es el de Ingenio Ledesma, la cual es una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes en la actualidad. 

Según el CELS, la empresa colaboró con la “detención de trabajadores en el establecimiento; operativos dentro de la fábrica y confección de listas con nombres de trabajadores a detener”

Además, señalan que colaboraron con el “uso de camionetas y otros vehículos para secuestrar y desaparecer trabajadores; aportes económicos y habilitación de instalaciones para el funcionamiento de las fuerzas represivas”.

En su informe, calculan un total de 60 víctimas del accionar de las fuerzas represivas del estado, de las cuales 30 continúan desaparecidas.

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