Gustavo Petro obtuvo el 50,88 % de los votos en la segunda vuelta y se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. El candidato estará acompañado en este gobierno por la vicepresidenta y activista afroamericana Francia Márquez. La fórmula se impuso ante el candidato de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 46,85 % de los votos.
Pero la Colombia que recibirá el próximo 7 de agosto, cuando el actual mandatario Iván Duque le traspase el mando, tiene por delante grandes desafíos. El panorama es complicado: se alcanzó un 40 % de pobreza, además de un sentimiento de hartazgo y desconfianza hacia el sistema político.
Colombia espera rápidas y profundas transformaciones y la tarea no será facil. Petro recibe la herencia económica y social de la derecha, el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros. Y también el reclamo de mayor presencia del Estado en las zonas donde persiste el conflicto armado.
Sumado a lo anterior, se espera que este nuevo gobierno proponga un nuevo acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un avance en lo social y en lo económico
En 2018, el movimiento estudiantil salió a las calles a exigir mayor presupuesto para la educación universitaria. Luego se unieron otros colectivos y sectores sociales que le exigían al Gobierno atender los problemas más urgentes y los históricamente olvidados.
Las movilizaciones se mantuvieron hasta 2021 cuando se produjo el “estallido social”. Este tuvo como detonante una fallida reforma tributaria y el «paquetazo» de Duque, en medio de las crisis económica causada por la pandemia.
Algunas de las demandas eran: acceso gratuito a la educación universitaria pública, creación de una renta básica mensual y el fortalecimiento del sistema público de salud. Además, se reclamaban garantías para el ejercicio de la protesta, reforma policial y presencia integral del Estado donde operan grupos armados ilegales.
Estas manifestaciones visibilizaron la violencia de los cuerpos de seguridad a la hora de contenerlas. Luego de casi tres meses de protestas, algunas ONG colombianas contabilizaron una cifra de 80 muertes. Por su parte, la Fiscalía manejó el número de 29 homicidios relacionados con las protestas.
En ese mismo año, el índice de pobreza monetaria se ubicó en 39,3 %. Esto se traduce a 19,6 millones de personas que no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. En 2020 esta cifra era un 3,2 % más alta.
Según las proyecciones del Banco de la República, la tasa de desempleo en el país se mantendrá en 2022 entre el 10,5 % y el 13 %. En abril de este año la inflación anualizada llegó a 9,23 %, un número que no se veía desde el 2000, cuando se posicionó en 9,29% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
El narcotráfico y los grupos armados
El Clan del Golfo, la principal banda narco de Colombia, sufrió un golpe cuando en octubre de 2021 fue capturado su jefe, Dairo Antonio “Otoniel” Úsuga, y extraditado en mayo de este año. Como respuesta, la fuerza hizo un paro armado situado en 11 departamentos colombianos por cinco días que causó seis muertos.
Según un informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), durante el gobierno de Duque hubo un fortalecimiento y expansión de los principales grupos armados del país. El Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, ocupan actualmente el 37 % del territorio colombiano.
Durante este período de cuatro años, el acuerdo de paz con las FARC fue un punto importante para el mandato del ex presidente. Para Duque, el narcotráfico y los grupos armados ilegales son los únicos responsables de la violencia del país. Sin embargo, el ritmo de implementación de dicho plan se vio afectado por la inseguridad, las faltas de garantías por parte del Estado y la dificultad de acceso a la justicia. Según la Universidad de Notre Dame de EEUU, de 2019 a 2020 se avanzó solo un 2 % en el acuerdo.
En el mandato de Duque, el asesinato de líderes sociales y ex miembros de las FARC no paró de crecer año a año y generó un clima de mucha violencia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha hecho un seguimiento de las muertes. El resultado fue el siguiente: 229 homicidios de defensores de los derechos humanos y 55 excombatientes desde agosto de 2018 hasta julio 2019.
Además, fallecieron 234 militantes y 77 exintegrantes de las FARC en 2019; 801 luchadores sociales y 183 guerrilleros desde 2019 hasta la actualidad.
Los movimientos sociales responsabilizan al Estado por abandono en zonas rurales. En su campaña para la primera vuelta, Petro acusó a parte de los liderazgos militares de estar aliados con el Clan del Golfo. El comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, respondió acusándolo de hacer “politiquería”.
El mandatario electo aseguró que cumplirá con el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP en 2016. Además, avanzará en “el diálogo con el ELN” para “finiquitar la existencia de la insurgencia armada”. Y, finalmente, someter “a la justicia a los grupos multicrimen».