Jun 17, 2022 | Sociedad

Vecines de Río Tercero reclaman su derecho a indemnización por el atentado en 1995

Exigen el cumplimiento de una ley de 2015, que establece la indemnización de les damnificades por las explosiones en Fabricaciones Militares.
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A 26 años del atentado, les vecines de Río Tercero no han sido indemnizades por el Estado. Créditos: El País.

Hace 26 años, el 3 de noviembre de 1995 ocurrió una serie de explosiones en una planta productiva de armas militares en Río Tercero, ciudad en la provincia de Córdoba. El siniestro dejó un saldo de 7 muertos, 300 vecines herides y daños millonarios en los barrios de alrededor de la planta.

La Justicia determinó que se trató de un atentado con la intención de encubrir el tráfico de armas, en el que estaba involucrado el gobierno de Carlos Ménem. En el año 2021, el ex mandatario tenía que enfrentarse a un juicio por esta causa, pero falleció días antes.

Luego de años de reclamos por el resarcimiento de las víctimas del atentado, en el año 2015 se sancionó una ley de indemnización. No obstante, la mayoría aún no percibió el pago correspondiente.

El intendente de Río Tercero Marcos Ferrer y el abogado de las víctimas Mario Ponce, encabezan un reclamo judicial para el cumplimiento de la ley. Adelantaron que pedirán una reunión con Jorge Taiana para que indemnicen a les 10 mil damnificades.

¿Qué pasó el 3 de noviembre de 1995?

Entre los años 1991 y 1995, el gobierno argentino vendió por decreto armas militares a Panamá y Venezuela, embarcadas a destino desde Río Tercero. Posteriormente se descubrió que tras operaciones de triangulación el armamento terminó en Ecuador, que estaba en conflicto armado con Perú por cuestiones territoriales, y en Croacia, durante la guerra en la ex Yugoslavia. 

Horas después de que los explosivos destruyeran gran parte de Río Tercero, el entonces presidente Carlos Saúl Ménem señaló que se trató de un accidente. Esta hipótesis sostenía que el siniestro fue causado por un fallo del uso del montacarga, que se incendió hasta alcanzar un explosivo TNT. Sin embargo, este explosivo no se enciende con la acción de las llamas, por lo que fue activado manualmente por una persona.

Según denuncian, el atentado tuvo el objetivo de cubrir el faltante de armas y municiones para encubrir a funcionaries. Ménem, que quedó absuelto de la causa en 2018 pero debía enfrentarla nuevamente en 2021, falleció sin ser condenado.

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El intendente Marcos Ferrer junto al abogado Mario Ponce encabezan el reclamo de cumplimiento de la ley. Créditos: Puntal .

El incumplimiento de la ley

En septiembre de 2015, el Congreso Nacional promulgó la ley 27.179, para la indemnización por daños a les vecines de Río Tercero. En su primer artículo, la normativa establece que ‘’Tendrán derecho a percibir una indemnización las personas que se encontraban reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos en la Fábrica Militar Río Tercero, de la Dirección General de Fabricaciones Militares’’.

De esta forma, les damnificades pueden recibir una compensación en forma de bonos. Al asumir el gobierno Mauricio Macri, la ley no se aplicó y recién en el año 2018 fue reglamentada. Ante la gestión de Alberto Fernández, el reclamó de la indemnización continúa.

El intendente de Río Tercero, el militante radical Marcos Ferrer, en sus declaraciones denunció la falta de compromiso del gobierno. “De los últimos veinte años de la Argentina, dieciséis ha gobernado el kirchnerismo; hay una deliberada posición de no pagar. El gobierno de Alberto Fernández, hablando mal y pronto, se está cagando en la gente. Sentimos impotencia porque vemos con frustración la falta de respuestas ante una situación tan sensible que atravesó nuestra comunidad hace veintiséis años”.

Por el otro lado, desde el Ministerio de Defensa se defendieron, afirmando que las demoras se deben a “la inacción de la gestión que gobernó en esos años. Es nuestra gestión la que inició el pago de las mismas y asumió el compromiso de llevar adelante el proceso de regularización administrativa”.

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