Jun 16, 2022 | Internacional

Brasil: denuncian a Bolsonaro por su política anti-indígena

Un informe publicado por el Instituto de Estudios Socioeconómicos y la asociación Indigenistas Asociados, reveló cómo el jefe de Estado desmanteló y militarizó la Fundación Nacional del Indio en favor de los intereses del agronegocio.
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En el 2018, en plena campaña electoral, Bolsonaro había prometido cerrar la FUNAI. Crédito: El Destape.

En Brasil, Jair Bolsonaro se encuentra otra vez en el centro de las críticas de la militancia ambiental e indigenista. En esta oportunidad, es a raíz de los asesinatos -recientementes confirmados- del especialista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips. El presidente brasileño fue denunciado por haber llevado a cabo una desarticulación de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y una política abiertamente anti-indigena.

Las pruebas se encuentran en un documento de más de 200 páginas. El mismo fue publicado por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) y la asociación Indigenistas Asociados (INA). Ambas instituciones, realizaron un monitoreo de las políticas públicas llevadas a cabo por el Estado de Brasil durante la gestión de Bolsonaro.

“En formato de dossier, el material busca describir y analizar los mecanismos utilizados por la actual gestión de la FUNAI para intentar coaccionar a los servidores públicos y subvertir principios básicos, constitucionalmente garantizados, de la política indígena brasileña”, resaltó INA en un comunicado.

Una política al servicio del agronegocio

El INESC remarcó en su página web al presentar el dossier que “bajo el gobierno de Bolsonaro, la FUNAI ha implementado una política anti-indigenista’’. Además, explicó que la misma está ‘’marcada por la no demarcación de territorios indígenas, persecución de servidores públicos y líderes indígenas, además de una militarización sin precedentes del organismo”.

Según el Instituto, en la actualidad, la militarización se puede observar con claridad en la dirección de la FUNAI. El presidente del organismo es el policía Marcelo Xavier. Además, en tan solo 2 de las 39 coordinaciones regionales se encuentran al frente servidores públicos. En el resto, pertenecen al ámbito de las fuerzas de seguridad.

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La FUNAI se creó en 1967 y es un organismo que depende del Ministerio de Justicia. Crédito: Newsmongobay.com

El informe denuncia que es un vaciamiento “inversamente proporcional al crecimiento de la población indígena en el país” y, que pocos recursos llegan finalmente a la institución. Según datos públicos de la Fundación, en el año 2020, había más vacantes de trabajo (2300) que trabajadores (2071). De esa cantidad, 1717 son planta permanente.

Desde el INESC, afirman que durante el gobierno de Bolsonaro la demarcación de territorios indígenas desapareció como Política de Estado. Al mismo tiempo denuncian que tampoco se realizó un presupuesto específico para los pueblos indígenas en el Plan Plurianual ni en la Ley de Presupuesto.

La investigación puso en evidencia que el lobby del agronegocio tiene representación en el poder político. Asimismo, dejó en claro que, a través de la alianza con Bolsonaro y los diputados ruralistas, la agenda de este sector tiene expresión en el estado actual de la Fundación Nacional del Indio.

Detenidos, confesiones y paro

Por otro lado, funcionarios de la policía federal confirmaron que Bruno Pereira y Dom Phillips fueron asesinados por los hermanos Oseney y Amarildo da Costa Oliveira. El paradero de los especialistas se desconocía desde el pasado 5 de junio cuando se encontraban en el extremo oeste de la selva amazónica de Brasil. 

Según la fuerza de seguridad brasileña, diferentes testigos aseguraron haber visto a Amarildo da Costa Oliveira a bordo de una lancha, a gran velocidad y en la misma dirección a la que iban Pereira y Phillips. Ambos acusados confesaron ser culpables, tras ser arrestados.

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En 2020, Global Witness calificó a Brasil como el cuarto país más peligroso para la militancia ambiental. Crédito: aventura-amazonia.

Los sectores ambientalistas e indigenistas responsabilizaron a la política de vaciamiento de los organismos e institutos estatales que protegen el medio ambiente y al pueblo indígena. Ya que esto generó un aumento de la criminalidad en esas zonas e, incluso, la aparición de un Estado paralelo.

En este marco, les trabajadores de la FUNAI comenzaron el martes pasado un paro por tiempo indeterminado para reclamar mayor seguridad en su labor en la selva amazónica. Además, denuncian el vaciamiento del organismo, su militarización y su sumisión a la agenda del agronegocio.

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