Jun 10, 2022 | Género & Sexualidad

¿Qué pasa cuando los violentos trabajan para el Estado?

El Observatorio Lucía Pérez contabilizó las denuncias por violencia de género efectuadas a funcionarios públicos. Nota al Pie te cuenta quiénes son y qué cargos ocupan.
Funcionarios
Dentro de los denunciados se encuentran los legisladores provinciales Egidio García; Gustavo Orlando Orozco; Ariel Omar Rosendo y Jorge Diego Satto. Crédito: Feminacida.

Según un informe realizado por el Observatorio Lucía Pérez, perteneciente al medio La vaca, 253 funcionarios fueron denunciados por violencia de género. Sin distinción de partido político, provincia o puesto, muchos de los acusados continúan en sus cargos.

Basta de violentos

En 2020 el Estado argentino se comprometió, a través de un acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a llevar un registro público de funcionarios denunciados por violencia de género. Sin embargo, distintas agrupaciones feministas denuncian que dicho padrón está desactualizado e incompleto. 

Las denuncias por violencia de género y abuso sexual en contra de los legisladores Héctor Eduardo Chabay Ruiz, Manuel Mosca y José Alperovich tomaron relevancia pero no son los únicos. Dentro de los denunciados, 95 pertenecen al Poder Ejecutivo, 70 al Poder Judicial, 46 al Poder Legislativo, 39 a las fuerzas de seguridad y 3 a la Iglesia Católica.

Los funcionarios como parte del problema

Días atrás, el secretario del Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Jujuy, Horacio Pasini Bonfanti, intentó asesinar a su esposa de un tiro por la espalda y luego se suicidó. La víctima del intento de femicidio permanece internada debido a la lesión sufrida en la zona lumbar.

En Corrientes, Erasmo Chukel fue jefe comunal hasta 2021, aunque había sido denunciado en 2017 por abusos a una nena de 12 años. En mayo de este año, los jueces Rodrigo López Lecube; María Alejandra Petrucci y Manuel Horacio Pereyra del Tribunal Oral N°6 de Santo Tomé lo condenaron a la pena de 6 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple.

En el municipio de Frías, Santiago del Estero, el jefe de la Dirección de Defensa Civil, Walter Ahumada, está sospechado de femicidio. Denunció que encontró en su vivienda a su concubina, Deborah Enríquez suicidada. 

Sin embargo, tras la autopsia, los forenses habrían advertido en el cadáver indicios de un posible femicidio. Actualmente está siendo investigado.

Funcionarios
A la lista de denunciados se suman intendente de Hipólito Yrigoyen, Félix López; el intendente de del Valle de Aniscate, Jorge Merlo; el intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino; y el intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz. Crédito: Observatorio Lucía Pérez.

¿Qué pasa con la justicia?

Los datos del observatorio muestran que quienes son los encargados de impartir justicia también cometen delitos en relación con la violencia de género. Por ejemplo en San Martín de los Andes, el defensor público Javier Cassano recusó a los vocales y al fiscal que lo investigaban. 

La Comisión Especial le atribuyó a Cassano cinco cargos. Entre ellos violencia de género, falta de perspectiva de género, manipulación hacia la víctima y no respetar la prohibición de acercamiento o contacto.

En la misma línea, el funcionario del poder judicial de La Rioja, César Nicolás Vega, tiene 64 años, en 2021 los padres de una niña que entonces tenía 11 años descubrieron que el hombre le enviaba mensajes de contenido sexual vía WhatsApp. La invitaba a encontrarse en su oficina y le pedía que sus conversaciones fueran un secreto. 

En octubre de ese año, realizaron la denuncia en la justicia pero Vega hasta el momento no había sido apartado, renunció recién en mayo del corriente. La causa se tramita en el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, a cargo de la jueza Jésica Díaz Marano

Las leyes que no alcanzan

En Argentina hay leyes que penan los delitos relacionados con la violencia de género. La Ley Nº 26.485, en su artículo 6, busca la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Funcionarios
Dentro de los denunciados también hay integrantes de las fuerzas de seguridad: Héctor Villalba, jefe de Policía de Colón, Mario Alberto García, jefe policial de la Comisaría Comunal de Henderson y Marcelo Valencia, comisario inspector de General Mosconi. Crédito: Observatorio Lucía Pérez

Del mismo modo, la ley 27.499, conocida como Ley Micaela, establece desde 2019 la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. 

En este marco, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, como autoridad de aplicación, busca “lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación”. Además, buscan “transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes”.

Sin embargo, dichas leyes no alcanzan. Refugiados en la tardanza de los fallos judiciales no pueden ser apartados de sus cargos y, en el caso de los legisladores, amparados en sus fueros, el 80% de los funcionarios públicos denunciados continúa en un cargo de poder.

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