May 13, 2022 | Zona Ambiental

Sequía en Santiago del Estero: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria

Debido al estrés hídrico que amenaza los cultivos invernales, les productores de la provincia deberán recibir, según la Ley 26.509, asistencia financiera y fiscal.
Emergencia agropecuaria Santiago del Estero
El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en Santiago del Estero. Crédito: El Ágora Diario.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca declaró el estado de emergencia agropecuaria en la Provincia de Santiago del Estero por los efectos de la sequía. Dictada a través de la Resolución 111/2022, la alerta se prolongará hasta el 31 de enero de 2023, fecha de finalización del ciclo productivo.

En Santiago del Estero se vive la mayor sequía de los últimos 30 años, que afecta gravemente a los principales cultivos agrícolas. El año pasado, la provincia registró 200 días consecutivos sin lluvia. 

El estrés hídrico, una realidad común en varias provincias del país, consiste en que la demanda de agua para los cultivos y ganado es más alta que la cantidad disponible. En esta situación, el déficit hídrico afectó explotaciones de alfalfa, algodón; sorgo; maíz; girasol; apícolas; frutihortícolas y ganado mayor y menor para la producción de carnes y leche.

Una dura realidad nacional

La situación se repite también en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Corrientes, entre otras. En el caso de la emergencia en territorio santafesino, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó las pérdidas productivas de soja y maíz en 13 millones de granos, lo que supone una pérdida de más de 4.800 millones de dólares.

Hace unos pocos días, una comitiva encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y representantes de las provincias, viajó a Israel para conocer la experiencia en enfrentar sequía y desertificación en ese país.

Santiago del Estero emergencia agropecuaria
La provincia registró, el año pasado, más de 200 días consecutivos sin lluvias. Crédito: Getty Images.

Por el momento, la forma que encuentran les funcionaries para paliar esta situación es la declaración de emergencia en las zonas de los cultivos. Cabe destacar que el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios  (Foneda) tenía un presupuesto de $500 mil. Ahora, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció que el presupuesto se ampliará a $12.500 millones.

Marcelo Bianchi, vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, sostuvo que les productores “deben contar con un seguro multiriesgo para afrontar los daños que causan las sequías, inundaciones o efectos climáticos adversos sobre nuestras producciones”. En este sentido, solicitó: “Los fondos tienen que llegar de una manera rápida, con la menor burocracia posible, al productor que trabaja la tierra”.

Por su parte, el ministro de Agricultura sostuvo: “Estamos en un monitoreo permanente, en contacto con los ministros de las provincias, haciendo una evaluación y un diagnóstico de la situación y del impacto del cambio climático sobre los distintos cultivos”.

Los beneficios para les productores

La Ley 26.509 de emergencia agropecuaria contempla que les productores agropecuaries puedan acceder a beneficios impositivos y asistencia financiera. Para solicitar estos beneficios, deben presentar un certificado en el que conste que sus producciones fueron afectadas por las condiciones climáticas.

Emergencia agropecuaria Santiago del Estero
El ministro de Agricultura expresó: “Estamos en un monitoreo permanente, en contacto con los ministros de las provincias”. Crédito: Info Campo.

En cuanto a la asistencia financiera, pueden recibir la renovación de obligaciones pendientes; el otorgamiento de créditos; unificación de deudas y la asistencia técnica y mediante aportes no reembolsables para gastos de inversión.

En el aspecto fiscal, se prorroga el vencimiento del pago de impuestos; se otorga la liberación del pago arancelario del Mercado Nacional de Hacienda de las zonas del desastre y se suspende hasta el próximo ciclo productivo la iniciación de los juicios de ejecución fiscal de impuestos adeudados.

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