Abr 9, 2022 | Sociedad

Acampe en Chaco: fuerzas de seguridad reclaman sus lugares de trabajo

Tras un pedido de aumento de sueldo en el año 2013, dejaron a 24 familias sin sustento. La medida comenzó el sábado 2 de abril.
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Agentes, familiares y amigues reunidos en Av. Italia al 250 luchan para recuperar su lugar en la fuerza. Crédito: Bruno Zamparo.

Agentes penitenciarios cesanteados van por su octavo día consecutivo de reclamo por el reintegro de sus puestos. Son 24 agentes, sumados a sus familiares y amigues, quienes armaron sus carpas en el boulevard de la avenida Italia al 250, Chaco, para exigir su espacio en la fuerza. El acampe comenzó el sábado 2 de abril, luego de que fueran notificados de su cese definitivo de actividades.

Elvio Borda, une de les agentes damnificados, estableció: “Soy uno de los funcionarios que en el 2013 realizó los reclamos salariales. Nos sentimos desahuciados y angustiados con mis colegas. Pedimos que las autoridades se hagan responsables de esta situación que estamos pasando”.

A la vez, continúa: “Hace siete años que venimos con esta injusticia de la separación de servicios. Además de haber sido trasladados por todas partes dentro de la provincia, nos hicieron sentir realmente abandonados”.

El conflicto comenzó cuando este grupo de trabajadores realizó un reclamo salarial en el año 2013. El mismo fue tomado como un acuartelamiento y sedición, por lo cual a partir de ese momento, comenzaron los ida y vueltas hasta llegar a ser excluidos de sus servicios. 

Chaco: antecedentes de los reclamos

El actual exagente de la fuerza hace mención a que fue un reclamo lícito: “Es algo que, como argentinos, podemos hacer. Está en la reforma de 1994 con los derechos y garantías. Fuimos por un reclamo salarial, y hasta el día de hoy seguimos padeciendo una injusticia realmente arbitraria. Sufrimos sanciones realmente graves a nuestras personas; perdimos ascensos, puestos de trabajo, y todo por hacer valer nuestros derechos”, expresó Borda. 

Por su parte, el trabajador también solicitó una respuesta por parte de sus superiores: “Cumplimos funciones en el periodo de pandemia, arriesgando nuestra vida y las de nuestras familias. Lo que nosotros pedimos es que realmente se acerquen nuestros superiores o la ministra de seguridad provincial a darnos una respuesta coherente”.

Luego, sentenció: “Pedimos el apoyo de la sociedad. Es algo digno lo que estamos reclamando. Necesitamos el sustento económico. Nosotros fuimos formados, fuimos instruidos, tenemos moral y educación. Estamos desesperados ya con esta situación”. 

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Los reclamos son de manera pacífica, sin obstruir el tránsito, promoviendo a la ciudadanía a tocar bocina al pasar. Crédito Bruno Zamparo.

Revés judicial

El mismo agente explicó su situación y la de sus compañeros: “En el 2013, cuando nuestros superiores intentaron caratular la causa como un acuartelamiento y sedición que son delitos federales. Por eso, tomó cartas en el asunto el Juzgado Federal de Sáenz Peña; donde establecieron que no hay sedición, ni tampoco acuartelamiento”.

Además, Borda estableció que actuaron de manera inconstitucional con él y sus colegas. “El Juzgado Federal se declaró incompetente ante esta situación, al igual que el provincial. Por eso, la primera vez pudimos recuperar nuestros trabajos a los siete meses del reclamo salarial. Ahora, ¿cómo puede ser que dos veces nos acusen por la misma causa? Eso es inconstitucional. Nos siguen culpando por la misma causa, cuando en realidad fue un reclamo salarial”, manifestó el trabajador.

El apoyo de las instituciones

Jorge Mamacha Duarte, presidente de la Asociación Civil Defensores, Familiares, Amigos Policiales y Penitenciarios de Chaco expresó: “Buscamos tener un diálogo pacífico con la ministra y el gobernador. Hasta ahora no nos atienden para ver a qué solución podemos llegar”.

A la vez, Duarte agregó: “En 2020, salió un decreto del gobernador que era de un cese de función, pero con arduas charlas con él y la ministra de Seguridad logramos que ese decreto quede pausado hasta el 2023. No sabemos por qué salió ahora con esta decisión. Quedaron 24 empleados penitenciarios sin trabajo teniendo sus familias atrás que no van a tener sustento. Esa es nuestra preocupación”, finalizó el presidente de la Asociación.

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Uno de los representantes de la Asociación Civil Defensores, Familiares, Amigos Policiales y Penitenciarios, acompaña a los agentes cesanteados. Créditos: Bruno Zamparo.

El estado actual de las familias en Chaco 

Mónica Patricia Concha, familiar de uno de los damnificados, se refirió a la paupérrima situación que están viviendo: “La verdad estoy indignada, cansada. Estamos desde el primer día, desde el jueves 31. Lo único que pedimos es que puedan volver a trabajar. Esto angustia, entristece. Tenemos familias. Algunos compañeros tienen personas con discapacidad en sus casas y necesitan cuidarlos, alimentarlos. Indigna mucho esta situación”.

Además, estableció el daño psicológico que está sufriendo el personal, ahora sin trabajo: “Hoy, nuestros familiares están sufriendo ansiedad, depresión, angustia por esta situación. La verdad, todo esto que está pasando es muy grave. En mi casa solo teníamos un ingreso que era de mi esposo. Y ahora que se quedó sin trabajo; nos quedamos sin nuestros sustentos”.

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