Mar 28, 2022 | Pueblos Originarios

Jujuy: Comunidades del pueblo Atacama contra la minería 

Continúa el acampe de Quillaques y Collamboy para exigir que la empresa Minerales Australes S.A se retire del lugar.
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Las comunidades originarias denuncian que la empresa minera Minerales Australes S. A. se encuentra operando de manera ilegal ya que no cuenta con sus consentimientos ni permisos. Crédito: www.ocmal.org

Las comunidades originarias de Quillaques y Collamboy del pueblo Atacama, ubicado en el departamento de Susques en la puna jujeña, defienden su territorio del avance de Minerales Australes S.A. La empresa busca extraer litio y agua para abastecer a otra minera cercana que estaría instalada en el territorio que pertenece a la familia Quispes, en Quillaques.

En la mañana de hoy, un grupo de integrantes de estas comunidades se movilizó hacia el Instituto de Colonización, ubicado en San Salvador de Jujuy, la capital. Allí entregaron diversas notas solicitando la intervención de dicho organismo. 

Además, se encuentran realizando un acampe por tiempo indeterminado en la puerta de ingreso a la mina como método de protesta. Reclaman que están trabajando en la zona sin los permisos y consentimientos de las comunidades originarias. 

Asimismo, ya han efectuado la denuncia contra la empresa por haberse instalado de forma ilegal y afirman que no se entregó ningún informe de impacto ambiental.


Por otro lado, denuncian que hubo irregularidades con el trazado del territorio por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y el Gobierno provincial. Lo que afecta a las comunidades de Collamboy, El Toro y Quillaques.


La tierra es de quien vive en ella

Ernesto Soriano vive hace 62 años en la comunidad Collamboy, donde está instalada la minera. No solo es el territorio donde nació y vivió toda su vida, sino que su madre vive allí desde hace 82 años. 

“En toda nuestra vida hemos poseído el territorio, hemos sufrido, hemos tramitado por la provincia, por (Instituto) de Colonización para que se nos de nuestros títulos (…) y con dominio, también para las comunidades aborígenes”, expresó a Originarios.ar.

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Las comunidades de Collamboy, El Toro y Quillaques, en el departamento de Susques, habitan la región desde hace años, pero todavía no cuentan con el reconocimiento oficial y legal de sus posesiones. Crédito: Originarios.ar

Señaló, además, que entre 1996 y 1997, desde el Instituto de Colonización les indicaron que delimiten sus parcelas para regularizarlas, pero todo quedó frenado. 

Por su parte, Desiderio Olmos, que también vive en la Comunidad Collamboy, aseguró a Originaria.ar: “Con este problema ya venimos viviendo de varios años, se había corrido un punto mojonal. Se había solicitado al gobierno de la provincia para que se vuelva a los puntos mojonales anteriores”. Lo cual remarcó que nunca se hizo.

Por eso, continúan solicitando que se les otorguen los títulos comunitarios para que puedan tener el reconocimiento de sus tierras. 

Según lo determina la Ley 24.071 se debe solicitar el consentimiento de las comunidades originarias antes de realizar cualquier actividad dentro de sus territorios. Para ello se lleva a cabo una consulta previa, libre e informada. No obstante, desde las comunidades señalan que esto nunca sucedió.

Solicitud de urgente desalojo

El pasado 12 de marzo se realizó una asamblea en el Paraje de Tanques, en Susques, donde las comunidades resolvieron movilizarse hasta el ingreso a la minera. Según señalan en un comunicado de prensa, allí fueron recibidos por Gabriel Cortes y unos 10 operaries. 

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Desde el 12 de marzo, las comunidades originarias se encuentran realizando un acampe en la puerta de la minera Minerales Australes S. A., mientras exigen que frenen sus actividades y desalojen el territorio. Crédito: Twiter Alejandro Vilca.

“Cortes intentó defender el hecho de que la empresa minera esté instalada en el Territorio Comunitario de la comunidad de San Juan de Quillaques, específicamente en el territorio de la familia Quispe, diciendo que poseen las autorizaciones correspondientes, pero sin exhibirlas ni mucho menos”, expresaron en un comunicado.

El Sr. Quispe, quien ya había radicado la denuncia por usurpación el 22 de febrero, volvió a efectuar una nueva denuncia. La Fiscalía de turno le exigió a la minera que en 48 horas debía presentar toda la documentación. Como les integrantes de las comunidades continuaban llevando adelante el acampe que bloqueaba el ingreso a la mina, la Justicia les ordenó retirarse del lugar.

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