En las últimas horas, el Poder Judicial de Córdoba emitió una orden de desalojo a la familia de Argelia Espedita Sánchez y Antonio Pérez. La pareja, su hijo mayor de edad y su nieto de 11 años deberían abandonar las seis hectáreas en las que residen hace 40 años. Hace solo seis meses, se solicitó por primera vez la desocupación de las tierras y ahora la Justicia volvió a indicar su salida inmediata.
De esta forma, el grupo que habita en el paraje Juan García, una zona rural de la localidad de Avellaneda, departamento de Ischilín, fue instado a dejar su vivienda. En primera instancia, el juez Eduardo Altamirano, del Juzgado en lo Civil y Comercial N°18 de Córdoba ordenó su salida. Ahora un nuevo grupo de abogados realizó un pedido semejante.
En este contexto, el Movimiento Campesino (MC) trabaja con el propósito de detener la expulsión y evitar que la familia pierda su hogar. Por esta razón, Juan Villalba, miembro del MC, explicó cómo avanza el caso ante el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
“Cerramos el año pasado con la suspensión del desalojo gracias al compromiso de establecerse en otro lugar. Además, el jefe comunal, Pedro Lauret, confirmó que aportaría materiales para la construcción”, argumentó Villalba. Sin embargo, la solicitud llegó por parte del propietario del terreno y las personas deben retirarse.
Historia del caso y antecedente
Antonio Pérez, marido de Argelia Sánchez, vendió su terreno en 1988 a un empresario de la zona. No obstante, dada su imposibilidad de comprar un nuevo campo, obtuvo la propiedad de estas hectáreas bajo un comodato. De esta forma, podría habitar el terreno y trabajar, pero sujeto a la posible solicitud de abandono por parte del dueño del campo.
“La abogada de Rodríguez (propietario del territorio), exige que se vayan del campo y presionan para que sean desalojados. Además, solicitan un embargo”, aseveró Villalba. Como consecuencia, el grupo perderá su hogar, sus pertenencias y el espacio para criar a sus animales.
El apoyo es aún más débil porque desde hace algunos meses el jefe de la comuna se apartó del caso. Por esta razón, el integrante de Movimiento Campesino denuncia que “Pedro Lauret desconoce el compromiso de colaborar y la abogada presiona para que una familia más se quede en la calle».
Este no es el primer caso en Córdoba porque la situación de Ramona Orellano Bustamante fue muy semejante a esta. El Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Dean Funes, aceptó la solicitud de desalojo gestionada por un empresario de agronegocios. Poco después de este pedido, la mujer de 95 años falleció y dejó un legado por su lucha en el Movimiento Campesino.