La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su descontento con la decisión tomada en un juzgado de Honduras. El tribunal superior declaró culpables a seis de los ocho militantes ambientalistas que en 2019 participaron de una movilización contra la minera Los Pinares. Dicha empresa explota un yacimiento de óxido de hierro en la jurisdicción de Tocoa y afecta al río Guapinol.
Según el organismo, los denominados “Defensores de Guapinol” solamente son un grupo de “defensores de los derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente”. Y que desempeñan “una labor encomiable en favor de la democracia en el país”.
Les activistas, miembres del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), fueron detenides hace tres años por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en una zona protegida. Éste afecta los ríos San Pedro y Guapinol.
José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández fueron declarades culpables por los delitos de privación ilegal de la libertad. Además, se los encontró culpables por daños agravados contra el contratista de la empresa, y daños simples y agravados contra la empresa. Los otros líderes del grupo, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, serán absueltos de la causa.
Por otro lado, el despliegue de dicho proyecto hizo que, al comenzar los trabajos en la zona, el agua proveniente de los ríos aledaños deje de ser utilizable para la comunidad. Con respecto a ello, la ONU reconoció en 1993 el acceso al agua potable como un derecho humano. E insta a los gobiernos a tomar medidas para brindar soluciones a la población.
Las repercusiones en Honduras
“El Estado debe garantizar que el derecho a defender los derechos humanos se desarrolle sin ninguna clase de presión arbitraria. O abusiva que obstaculice su ejercicio legítimo. Lo cual incluye el derecho a no ser objeto de hostigamientos, entre los que se incluye el inicio de acciones penales sin fundamento”, sostuvo Isabel Albaladejo, representante de la ONU en dicho país.
“La causa de Guapinol no es solamente la causa de los ocho defensores, ni de la comunidad de Guapinol. Es una causa que debe involucrar a todo el Estado de Honduras a construir un modelo de desarrollo económico equitativo y sostenible. Que (además) garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general”, señaló la representante.
La promesa de Xiomara Castro
La flamante presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, solicitó la libertad de los presos por el caso Guapinol. Las declaraciones fueron posteriormente cuestionadas por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Sostuvo que: ‘’el gobierno recién elegido de Castro debe enviar un mensaje claro. No se tolerará por más tiempo la violencia y criminalización contra las personas defensoras de los derechos humanos’’.
La Ministra de Derechos Humanos hondureña, Natalie Roque, realizó una crítica a la dilatación del proceso judicial del caso y pidió que les activistas sean liberades. Sin embargo, las estadísticas de violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano no son favorables: desde 2009, la cifra de asesinatos a personas de la comunidad LGBTIQ+ supera las 400 víctimas.
Otro dato lamentable fue brindado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH). El organismo determinó que solo en 2021 fueron asesinadas 314 mujeres.