“Masterplan Distrito Joven – Costanera Norte” es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue aprobada en la Legislatura en 2018. Tiene como objeto la construcción de infraestructura destinada a viviendas, oficinas, hoteles y comercios en la zona Costanera Norte.
Comprende una extensión de siete kilómetros entre el Parque de la Memoria y Costa Salguero. Un polígono de 73, 09 hectáreas “de las cuales 14,1 serán concesionadas” y el resto conformarán “espacios públicos parquizados”, según voceres del gobierno porteño.
El ejecutivo local fundamentó el proyecto en la recuperación del borde costero y la incorporación de espacio público en la zona de la costa del Río de la Plata. Sin embargo, organizaciones ambientales, partidos políticos, arquitectes y docentes se oponen al proyecto porque, según ellos, expresa la profundización de la política de entrega de tierras públicas a favor del negocio inmobiliario por parte del Gobierno porteño
Cuarto día de audiencias públicas
Este miércoles 16 comenzó el cuarto día de audiencias públicas. A partir de las 12:30 expusieron referentes de organizaciones ambientales, partidos políticos, investigadores y docentes. Transmitida por Youtube como “Audiencias Públicas GCBA”, la instancia cosechó un rotundo rechazo al proyecto oficialista.
Una de las oradoras fue Ana Di Pangracio, Directora Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien señaló: “El Distrito Joven, a la luz del estudio de impacto ambiental y el proyecto ganador del Concurso de Ideas, ofrece maquillaje verde. La ciudad necesita grandes parques urbanos públicos y no parches cosméticos con flora nativa entre construcciones y cemento”.
También se expresó Nicolás Spangenberg, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires: “Estamos ante un nuevo capítulo de esta lucha entre los que buscamos recuperar este vínculo de todes les habitantes de la ciudad con el río y los que, por otro lado, pretenden avanzar con la privatización de la costa y las tierras públicas, en este caso el gobierno de la ciudad, Juntos por el Cambio”.
Inconstitucionalidad y violencia
En consonancia, Graciela Marzan, integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, detalló: “Viola los artículos 8 y 27 de la Constitución porteña de 1996 que fueron redactados para frenar los megaemprendimientos, los negocios inmobiliarios, las escuelas-shoppings”. Asimismo, rechazó el informe ambiental porque no cumple con la Ley Nº6014 de Evaluación Ambiental Estratégica, que debe realizarse antes de la firma de cualquier convenio.
Por su parte, David Lugones del Barrio Mugica cuestionó el eventual cierre de la Escuela Nº 11 D.E. 10 “Indira Gandhi” por motivo del proyecto: “El año pasado hubo un maltrato, un desalojo violento con los vecinos con la excusa de trasladarla. Padres, madres y la cooperadora de la escuela vienen realizando un gran trabajo. En 2010 pidieron micros escolares para que los chicos puedan ir a la escuela y recién en 2019 les otorgaron cuatro micros. No es hora de cerrar sino de crear más escuelas”.