martes 23 de abril de 2024

¿Es posible una Ley de protección a las protestas?

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales insisten en que su promulgación es fundamental y necesaria para garantizar los derechos humanos.
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Desde 2001 el CELS articula estrategias de denuncia y litigio con familiares de víctimas, organizaciones sociales y otros organismos de derechos humanos. Créditos: ANRED.

Históricamente, en Argentina las protestas, reclamos y manifestaciones son moneda corriente. Como también lo es la represión y reprimendas de la policía sobre eses manifestantes, que han causado varias muertes y tragedias.

Es por esto, que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) proponen avanzar sobre el proyecto de Ley nacional de Protección a las Protestas.
“La organización, la movilización y la protesta son partes centrales de la historia social y política de nuestro país. Ponen en juego derechos básicos para la vida democrática. Para protegerlos, el Estado debe comprometerse a escuchar las demandas sociales y a dar una respuesta no violenta a las manifestaciones de protesta”, afirman.

El Centro de Estudios Legales y Sociales es una organización no gubernamental argentina con sede en Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático.

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 El 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron parte de un proceso trágico para la República Argentina. Créditos: GETTY.

El primer antecedente fuerte que toma el CELS es el estallido social de 2001. La Plaza de Mayo se convirtió, en pocas horas, en el epicentro del reclamo, donde el “Que se vayan todos” resonó con fuerte indignación. Pero como suele suceder, las fuerzas de seguridad no estuvieron a la altura y la represión no tardó en llegar. El resultado fueron 39 personas fallecidas por la policía –durante las dos jornadas– entre ellos, nueve menores.

En los años posteriores se implementaron políticas de no represión, con su regla más clara: la prohibición de la policía a portar armas de fuego en las manifestaciones. Sin embargo, nunca fueron adoptadas en una ley. Volvieron a ocurrir otras formas de criminalización, operativos represivos muy violentos y hasta asesinatos policiales de manifestantes.

Voces desde CELS

“Tomando como punto de partida la política de no represión y los proyectos posteriores que buscaron formalizarla, creemos que es el momento de dar un salto en consolidar un abordaje estatal que proteja y garantice los derechos involucrados en la protesta”. De esta manera inicia el comunicado del CELS, donde esgrimen los diez puntos fundamentales del proyecto.

Creditos Emergentes
La gestión de Cambiemos se inauguró con episodios de represión a manos de las fuerzas federales y de la Policía Bonaerense. En los primeros meses de 2017 se reiteraron casos de violencia policial intensa. Créditos: Emergentes.

Agustina Lloret es abogada del equipo Seguridad democrática y violencia institucional. En diálogo con Nota al Pie destacó que el proyecto tiene “mucha importancia”, y que “nunca se dio un proceso formal desde el congreso que estableciera reglas claras, más que las guías y procedimientos de cada organismo policial”.

“El Estado debe proteger y permitir el derecho a la protesta. Se necesita urgentemente un cuerpo normativo que concentre con rango de ley formal, con reglas claras de intervención estatal ante situaciones de protesta social. Esto al día de hoy, no existe” indicó Lloret.

Por último, señaló: “Resulta fundamental para la sociedad que este proyecto avance, porque significa contar con una herramienta que cristalice los compromisos que asume el Estado argentino de protección y promoción de los derechos humanos”. Y agregó que “establece limitaciones con respecto al accionar policial y las fuerzas de seguridad, que es lo que generalmente entra en tensión a la hora de ejercer el derecho a la protesta social”.

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