Ser propietario de un predio, de terrenos o de tierras en La Plata es casi imposible. Frente a esa problemática, las familias que no tienen ingresos para poder costear un alquiler, deciden recuperar tierras e improvisar una vivienda. Ante esa problemática, el Estado responde reprimiendo y criminalizando.
El Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) brindó un informe con datos de pobreza y estado de situación de asentamientos localizados en la zona del Gran La Plata.
El informe revela que existen 260 asentamientos donde viven aproximadamente 50.000 familias. De ellos, 5 de cada 10 barrios no tienen acceso formar a la red de energía eléctrica.
Además, el mismo indica que el 80% tiene acumulada basura en las esquinas porque no hay calles transitables y los camiones recolectores no llegan. El 60% de les habitantes de estos barrios no tienen almacenamiento de agua con tanque. Se manejan con improvisadas bombas manuales, y el 80% carecen de acceso a la red de gas.
Un conflicto que aún sigue sin soluciones
El tema de la recuperación de tierras y el pedido de un espacio para vivir, se remonta al conflicto en Guernica de fines del 2020. En octubre de aquel año se produjo un desalojo masivo de alrededor de 300 personas, a través de un hecho violento por parte de la policía bonaerense.
El gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero se comprometieron en entregar lotes de tierras con servicios para vivir pero les vecines todavía no obtuvieron ninguna solución. A su vez, la funcionaria anunció que la empresa Bellaco S.A, haría entrega de una porción de tierras, conforme a la Ley 14.449, que serían destinadas al plan, pero nunca llegaron.
La Ley 14.449 de Acceso Justo a la Vivienda fue sancionada por la legislatura bonaerense en el año 2012 y reglamentada en el año 2013. Si bien, en la actualidad la norma está vigente, no se cumple.
Una crisis habitacional
En diálogo con Nota al Pie, Nicolás Salas, referente del Frente de Organizaciones en Lucha contó por qué se dan estas situaciones y cuál es el contexto por el que se ven atravesadas las familias de sectores populares.
“Las recuperaciones de tierras y la toma se vienen dando básicamente por la crisis habitacional que hay en el país y que se ha profundizado en el último tiempo”, explicó Salas.
En ese sentido, el referente agregó: “Las inmobiliarias (La Plata es un caso) han ido avanzando sobre tierras, incluso tierras fiscales que se las quedan, las lotean y las venden”, y agregó: “sin ningún tipo de regulación del Estado, con un claro beneficio de los capitales privados por sobre el bien común de la comunidad”.
En La Plata, más específicamente en Los Hornos, es uno de los lugares donde se concentra la mayor toma de tierras del país. “Allí muchas familias de manera espontánea toman un pedazo de terreno o hace una recuperación, en el marco de una crisis que sufre gran parte de los sectores populares”, explicó Salas.
Además, el referente aseguró que esto se produce debido a una crisis habitacional y económica profundizada por la pandemia. “Hay muchas familias tenían que elegir entre comer o pagar una habitación o un alquiler”.
En este aspecto, Salas reflexionó que “muchas no vieron otra salida que ocupar un terreno e intentar, con algunas maderas y algunos plásticos, armarse su casa para poder alimentarse”.
Sin respuestas del Estado
Por otra parte, lo que planteó Salas es pensar cuál es la respuesta del Estado en estos casos. Lo que se ve, argumenta, es una clara criminalización de esas familias o una intervención cuando las tomas se suceden, sin una política clara o resolutiva. “Por ejemplo, el gobierno de Julio Garro no solo no aborda la situación de familias que tienen vulnerabilidad habitacional, sino que las denuncia, las ataca e intenta correrla de los lugares”, agregó.
Según explicó Salas, les vecines lo que reclaman es poder acceder a un lote, tener un lugar donde vivir y que sus bajos salarios no se pierdan en alquileres de lugares donde viven hacinados. “La gente está pidiendo una vivienda porque está definiendo entre pagar un alquiler o comer”, remarcó Salas.
“Esta es una situación que puede exceder al grueso de la población. La clase trabajadora e incluso con mejores salarios, tampoco pueden acceder a viviendas o a lotes que están tasados en dólares”, concluyó el referente.
Si bien tiene como objetivo la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, no se hace eco en la sociedad. La gente vive en condiciones precarias y encima, hace frente a las distintas represiones y desalojos por parte de la policía bonaerense.