El pasado 15 de diciembre, la Legislatura de la Provincia del Chubut aprobó -con 14 votos afirmativos y 11 negativos- la ley de zonificación minera; una ley que habilitaba la zonificación minera en su territorio. Esto sucedió en paralelo a la existencia de una ordenanza sancionada en 2003 que prohíbe la megaminería en Esquel, una de las principales localidades de la provincia. La sociedad chubutense, junto a decenas de movimientos ecologistas, salió a las calles para manifestarse contra esta normativa. Ante esto, el Gobierno local decidió dar un paso atrás con el proyecto.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció desde su cuenta de Twitter que derogará la ley de zonificación minera aprobada la semana pasada. Además, impulsará la convocatoria a un plebiscito a nivel provincial. Este es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley. “Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad’’, sostuvo Arcioni, a pesar de la represión perpetrada en las protestas.
Las posturas contrapuestas
La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo. Esto implicaría una inversión superior a los USD 1 000 000 000, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.
Además, la ley de zonificación minera buscaba promover el desarrollo productivo en la Meseta Central de Chubut, la zona más postergada de la provincia. Esto a través de un equilibrio de tres aspectos vinculados con el desarrollo sostenible, mediante la «inversión para el desarrollo económico, promoción de la equidad social y cuidado ambiental».
Por el lado contrario, quienes se oponen a esta ley lo hacen desde una perspectiva ambientalista. “Si la megaminería es perjudicial para la Cordillera, lo es para todas las zonas. No tiene licencia social, es saqueo, contaminación y muerte. Son falsas promesas de trabajo porque son por muy poco tiempo y después queda el pasivo ambiental y la falta de agua’’, sostuvo la Red por el Derecho a la Identidad Esquel. Desde el movimiento No a la Mina en Chubut, manifestaron que el accionar del gobernador fue una “traición’’. También se oponen al llamado a un plebiscito.
La ONG Jóvenes por el Clima, de alcance nacional, acompañó la lucha de la sociedad chubutense y pronunció: “Que se entienda de una vez: ningún proyecto productivo puede tener lugar vulnerando los procedimientos democráticos y los derechos humanos’’. “El gobierno legisla a espaldas del pueblo del lado de los intereses corporativos, y ante la voluntad del pueblo responde con violencia institucional’’, manifestaron durante las protestas.
¿En qué consiste la megaminería?
La megaminería es una forma de minería, también denominada minería metalífera transnacional a gran escala. Es decir, una explotación realizada por empresas multinacionales que ocupan enormes territorios para su desarrollo. Se caracteriza por el uso de toneladas de sustancias contaminantes y su gran consumo de energía. La mayor problemática para quienes habitan cerca de estos proyectos es la utilización de grandes cantidades de agua que podrían desabastecer a la población.
Según los datos que brinda la Enciclopedia de Ciencias y Tecnología de Argentina, hasta 2010 eran seis las provincias argentinas que poseían actividades de megaminería. Estas son Catamarca (Bajo de la Alumbrera y Agua Rica), Santa Cruz (San José, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo y Mina Martha), San Juan (Veladero, Pachón, Lama Pascua y Gualcamayo), Jujuy (Mina Pirquitas), Mendoza (Río Colorado) y Río Negro (Sierra Grande).
Asimismo, la explotación a cielo abierto se encuentra prohibida también en Córdoba, San Luis, Tucumán, Tierra del Fuego y La Pampa. Catamarca y San Juan son las dos provincias donde la minería constituye una de las actividades productivas principales. Por su parte, Chubut es la única provincia sureña que prohíbe esta actividad.
Al igual que Chubut, la población mendocina consiguió torcer un proyecto similar que se quería implementar en 2019. Es por esto que les manifestantes salieron a las calles para respaldar las protestas contra el gobierno de Mariano Arcioni.