Dic 15, 2021 | Internacionales

Esterilizaciones forzadas en Perú: Fujimori procesado

Representa un primer paso en uno de los casos de violaciones a los DDHH más paradigmáticos en el país hermano.
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Un gran sector de la sociedad peruana pide que Fujimori sea trasladado a una cárcel común, sin ningún tipo de privilegio. Crédito: Télam.

El pasado sábado la Justicia peruana decidió el procesamiento de Alberto Fujimori, junto a otros ex ministres de su régimen, por las esterilizaciones forzadas de 300.000 mujeres a finales de la década de 1990. El dictador se encuentra condenado a 25 años de prisión por otros delitos en una cárcel VIP de Lima y se lo acusó como autor mediato del hecho.

Para dar inicio al juicio, el Ministerio Público peruano tendrá que solicitar la ampliación de la solicitud de extradición a Chile. En el 2007, la causa por esterilizaciones forzadas no se incluyó. Ese año extraditaron a Fujimori a Perú para juzgarlo por dos delitos de lesa humanidad durante su dictadura.

Después de más de 20 años en la búsqueda de justicia, las víctimas sueñan con que este sea el punto de partida. Para terminar así con el blindaje de impunidad que cubre al autócrata en esta violación a los Derechos Humanos.

Un plan sistemático

Se ve al dictador peruano como el máximo responsable de esterilizar masivamente, en contra de su voluntad, a casi 300.000 mujeres. El hecho ocurrió a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), llevado adelante desde 1996 al año 2000. El cual le dio marco normativo a la vulneración sistemática de los derechos reproductivos de miles de personas.

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Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, ex ministres de Salud de la dictadura, también fueron procesados. Crédito: Télam.

El Estado peruano actuó orientado por las ideas neomalthusianas, que ven como un problema para el desarrollo de un país el crecimiento demográfico en los sectores más humildes. Con el objetivo de reducir la tasa de natalidad en las zonas rurales del país esperando así, bajo la lógica neoliberal, un rédito económico.

Sin embargo, aunque se intentó maquillar esta práctica como una política de salud pública avalada por diversos organismos -especialmente financieros- en esa época, nada de esto se hizo con consentimiento. Casi en su totalidad quechuahablantes, las víctimas se vieron amenazadas, engañadas o mal informadas en el momento de llevar adelante los procedimientos quirúrgicos que implican las ligaduras de trompas. 

Parte del saldo de estas políticas implicó un cambio de vida radical e involuntario para siempre de las centenares de miles de personas afectadas. Asimismo, según la Defensora del Pueblo, se presentaron 19 muertes de mujeres por complicaciones post operatorias. Además de que figura la aplicación forzada de la vasectomía a más de 20 mil hombres.

Los diversos organismos de DDHH del país andino esperan no solo una condena ejemplar para Fujimori, sino también, una política de reparación estatal para las víctimas de las esterilizaciones forzadas aplicadas masivamente durante los años del régimen fujimorista. 

Una política diseñada desde el poder

Según Christina Ewig, investigadora estadounidense que estudió el proceso de esterilizaciones forzadas en el Perú, el PNSRPF se publicitó como un programa progresista. Debido a que hace hincapié en la libertad de elección en la planificación familiar de les peruanes, alineado con los objetivos de igualdad de género globales propuestos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 realizada en El Cairo, Egipto. 

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Los únicos métodos de anticoncepción utilizados durante el PNSRPF fueron la ligadura de trompas y la vasectomía, descartando todos los demás recomendados. Crédito: Prensa Obrera.

No obstante, según la autora, las intenciones fujimoristas quedan evidenciadas en el documento oficial Lineamientos Básicos de la Política Social elaborado por el gobierno en 1993. Es allí donde queda a la vista que la concepción de la planificación familiar para la dictadura no tenía nada que ver con la igualdad de género. Por el contrario, era entendida como un método de control poblacional. Según el mismo, si el crecimiento demográfico en las zonas rurales de Perú se incrementará, el Estado no podría proveer los servicios básicos, afectando la capacidad económica del país.

El papel de EE.UU.

La financiación del programa de Fujimori, según indica el informe final del congreso peruano, estuvo a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Fundación NIPPON. El gobierno estadounidense a través de la USAID aportó millones de dólares y se hizo cargo del sistema de salud peruano antes e incluso durante los hechos ocurridos.

Cabe destacar que, a través de la principal agencia de “cooperación extranjera” de EEUU como es la USAID, la administración estadounidense ha financiado diversos programas de anticoncepción en los países más pobres del mundo. Lejos de bregar por los derechos de las mujeres, la política estatal responde a la estrategia global delineada en el famoso “Informe Kissinger”. Allí se explicita que EEUU debe orientar políticas de control poblacional en las naciones subdesarrolladas en pos de sus intereses geopolíticos.

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