El pasado viernes 10 de diciembre al mediodía, en la Provincia de Río Negro, tuvo lugar un derrame de petróleo que genera preocupación por su magnitud y el daño ambiental que puede causar. Cuatro días después de lo ocurrido, las autoridades de Ambiente nacionales continúan investigando las causas de la falla.
El incidente se produjo en el ducto troncal de la empresa transportadora Oleoductos del Valle, un importante conducto que transfiere crudo desde el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén a las refinerías en el sur de la Provincia de Buenos Aires.
La empresa, principal transportadora de petróleo desde la cuenca neuquina, reconoció que se trata del derrame más grande de los últimos diez años. Según se calcula, el derrame fue de 2000 metros cúbicos y afectó 3 hectáreas de superficie.
Las denuncias y el pedido de seguro de caución
Desde que se conoció la falla en el ducto, la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional se presentó para controlar el derrame de hidrocarburos. Posteriormente, envió a la Brigada de Control Ambiental (BCA) a la estación de bombeo Medanito para realizar una inspección de las causas de la falla y el impacto ambiental que significa.
Por otro lado, la BCA exigió a la empresa responsable del derrame la prestación del seguro ambiental obligatorio. Este seguro está contemplado en el artículo Nº 22 de la Ley General del Ambiente, que estipula que la empresa garantice los fondos para responder por siniestros que causen daño en el ambiente.
Al respecto, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental Sergio Federovisky afirmó que ‘’se iniciarán las acciones legales correspondientes para que sea la empresa que provocó el daño la que remedie sus consecuencias y se haga responsable por lo ocurrido”, para que las consecuencias no recaigan sobre el Estado o les ciudadanes.
Además, aseguró que “se inició un expediente administrativo con un sumario para establecer las responsabilidades que eventualmente puedan ser motivo de querella penal contra la empresa, para garantizar que se ejecuten todas las tareas correspondientes de remediación del daño ambiental’’.
El reclamo de las comunidades
Las comunidades que residen cerca de las estaciones de bombeo cuestionan la falta de inversión en las infraestructuras de las empresas petroleras, que operan un modelo extractivista sin reparar en los derechos de las comunidades de preservar sus territorios y en el daño que estas actividades causan en el medio ambiente.
Daniel Lezcano, werken (vocero) de la comunidad mapuche Qüiñe Chraüm declaró a Agencia Tierra Viva: “Cómo podemos vivir así, sabiendo que la actividad petrolera nos está afectando”. Y explica que, de las 625 hectáreas que poseen, 200 están afectadas con “pasivos ambientales” y “otros incidentes que vienen ocurriendo”.
Además, realizan una crítica a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, ya que quien está a cargo es Dina Migani, quien está vinculada a las empresas del sector de hidrocarburos, lo que podría garantizar impunidad a las empresas que operen con desidia.