martes 23 de abril de 2024

Colombia: nuevamente un asesinato a una lideresa social

El homicidio de otra militante social conmocionó al país hermano, donde ser activista representa un peligro para la propia vida Los organismos de DDHH denuncian que el crimen era un final anunciado
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Cristina Isabel Cantillo Martinez llegó a un hospital donde, a pesar de los intentos, no pudieron salvarle la vida. Crédito: Actualidad RT

Cristina Isabel Cantillo Martinez, militante por los DDHH y activista de la comunidad LGBITQ+, fue asesinada por dos sicarios el pasado martes 7 de diciembre en Colombia. La mujer trans, que había denunciado amenazas en su contra, se suma a la lamentable lista de 162 líderes y lideresas asesinados en el 2021 en el país cafetero.

El homicidio de Cantillo ocurrió en el barrio Ondas del Caribe, en Santa Marta, mientras la activista se encontraba en la terraza de su hogar con su familia. Fue en ese momento cuando dos hombres en moto le efectuaron los disparos a quemarropa que terminaron con su vida.

Más allá de que el crimen todavía se encuentra en investigación, desde diversas instituciones apuntan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como responsables de la muerte de la lideresa. Las AGC, también conocida como “el Clan del Golfo”, es un grupo paramilitar con diversos nexos criminales que se posiciona como un factor decisivo en el aumento de las masacres en la nación hermana.

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La violencia, ejercida por grupos criminales pero también por las fuerzas de seguridad, es uno de los grandes problemas en Colombia. Credito: Telam

Un final evitable

El asesinato de Cantillo, segun denuncian organismos de DDHH en Colombia, podria haberse evitado: la referente trans habia sido victima de dos atentados en su contra en el año 2020. Por ese motivo, le fueron asignados dos escoltas pertenecientes al esquema de la Unidad Nacional de Protección. No obstante, en el momento del crimen, ninguno de los dos hombres asignados para su cuidado se encontraban con ella: según la familia de la víctima, desde hace días que no se encontraban ejerciendo sus funciones.

La militante social había advertido que ser una mujer trans en su país era “como llevar la muerte a cuestas” al mismo tiempo que hacía responsable a las autoridades locales de cualquier hecho delictivo que pudiera sufrir en su contra. 
Cantillo, que también participaba de procesos de reclamación de tierras a través de la Fundacion Calidad Humana, también había denunciado en sus redes sociales las diversas fallas que presentaban los esquemas de protección ciudadana como así también la inacción de las fuerzas de seguridad ante las amenazas perpetradas a activistas locales.

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La paz, firmada en el año 2016 y que representó un hecho histórico en el país hermano, todavía sigue siendo una deuda pendiente a pesar de los avances concretados. Crédito: Télam

La violencia no cesa

La vulneración de los DDHH en territorio colombiano es, tristemente, una realidad que se refleja en distintas dimensiones de la vida social del país hermano. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), ONG que se encarga de monitorear la actuación de grupos paramilitares que atentan contra la sociedad civil, son 162 les activistas asesinados durante el 2021. 

En ese sentido, según reporta el organismo, desde el Acuerdo de Paz entre las organizaciones armadas del país latinoamericano y el Estado Nacional, se registran 1276 asesinatos de militantes sociales a manos del complejo paramilitar colombiano. La violencia se concentra especialmente en líderes o lideresas comunales, defensores del medio ambiente, indígenas, activistas de la comunidad LGBTIQ+ y ex combatientes de organizaciones armadas.

Si bien los homicidios a manos de grupos paraestatales representan un problema estructural en Colombia, las muertes violentas por motivos políticos han crecido desde la llegada de Iván Duque al gobierno en el año 2018. Desde el primer momento, el actual Jefe de Estado Colombiano e hijo político de Alvaro Uribe, se mostró crítico con la paz alcanzada entre las FARC y su predecesor Juan Manuel Santos

La desmantelación del aparato paramilitar por parte del Estado colombiano representa uno de los puntos más urgentes pedidos por les activistas de DDHH para un cumplimiento integral del Acuerdo de Paz en Colombia, que todavía sigue siendo una deuda luego de 5 años desde su firma.

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