Pedro Castillo, actual presidente de Perú, evitó este martes la apertura de un proceso de destitución en su contra presentado por partidos opositores. Después de días de incertidumbre política, la moción que tenía por objetivo relevar de su puesto al Jefe de Estado fue rechazada en el Congreso. Las votaciones resultaron con 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones.
Castillo, quien asumió la presidencia el 21 de julio tras vencer en un ballotage a Keiko Fujimori, estuvo a tan solo seis votos de que se le iniciara el proceso de vacancia: para ello, eran necesario 52 votos afirmativos en una cámara de 130 legisladores. Con un Congreso dominado por fuerzas políticas de derecha, la destitución del presidente era una posibilidad concreta en el panorama político peruano.
La maniobra de los partidos opositores buscaba declarar al mandatario peruano como “incapaz moral permanente”. Esto tras una polémica por ascensos militares en donde, según sus detractores, Castillo habría tenido injerencia. El fujimorismo, Avanza País y Renovación Popular, impulsó la moción actuando en bloque y a la espera de conseguir más apoyos que finalmente no llegaron.
La inestabilidad política como regla
El proceso de vacancia es un mecanismo utilizado con frecuencia en Perú. El Congreso del país hermano debatió por quinta vez la posibilidad de destituir al presidente en ejercicio en los últimos cuatro años. Pedro Kuczynski y Martin Vizcarra, ambos ex mandatarios del país, fueron cesados de sus cargos gracias a dicho mecanismo.
Los intentos de quitar de sus puestos a los Jefes de Estado, más allá de encontrarse amparados por la Constitución, generaron imprevisibilidad política. En ocasiones, las razones responden más a jugadas políticas que a motivos de peso que habiliten a destituir a los mandatarios.
En este sentido, se reduce la frontera entre los golpes parlamentarios y los mecanismos constitucionales para quitar de su cargo a un presidente. La consecuencia es la desconfianza de la sociedad hacia la dirigencia política. Esto genera una crisis de representatividad que, en Perú, es una realidad sin lugar a dudas.
Un escenario complicado
El maestro rural, que llegó al poder por el partido marxista Perú Libre, se encuentra ante el reto de desplegar su programa de gobierno en un congreso francamente hostil. En consecuencia, la búsqueda de consensos políticos para sacar medidas desde el parlamento se vuelve una tarea primordial.
Por otro lado, a la oposición política deben sumarse también los ataques que provienen desde los medios de comunicación hegemónicos en el país andino. Castillo debe lidiar con una prensa que, desde su llegada al poder hace cuatro meses, se posiciona como plataforma de deslegitimación del gobierno.
Las fracturas internas en el partido gobernante, a su vez, representan otro de los problemas que enfrenta el Jefe de Estado. El sector más radical de Perú Libre, que responde a Vladimir Cerron, ha acusado a Castillo en reiteradas ocasiones de girar hacia la centro-derecha.
Con un congreso fragmentado, una oposición que no negocia, un partido gobernante dividido y una precaria red de apoyos (basada en alianzas con algunas de los fuerzas políticas progresistas), el actual mandatario tiene el desafío de honrar la esperanza generada en los sectores más humildes de Perú y lograr reducir las enormes desigualdades en la nación hermana.