Nov 27, 2021 | Política

Ley de alquileres: se estudia una posible suspensión por 180 días

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputades, llamó a discutir una nueva ley que deje contentes a todes les sectores involucrades
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La ley de alquileres fue sancionada en junio de 2020. Sin embargo, ha generado desde entonces disconformidad tanto de inquilines como dueños. Créditos: Télam

La actual Ley de alquileres fue sancionada por el Senado de la Nación en junio de 2020, habiendo recibido el aval de la Cámara de Diputades en noviembre del año anterior, durante la administración de Mauricio Macri. Desde entonces, esta ley impulsada para “favorecer” a les inquilines sólo ha generado un enorme reclamo de los mismos, ante las complicaciones de poder alquilar. Esto es debido a los valores afectados por la inflación, según indica la nueva ley.

«El Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó» comentó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputades. En consecuencia, llamó a «discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietarie y garantía y tranquilidad al inquiline para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país».

Reacciones y un debate abierto 

El economista Fabián Medina, en diálogo con Nota Al Pie, concuerda en ese fracaso de la ley y afirma que en gran medida fue “por haberle incorporado el índice de inflación. En un país como Argentina, con su economía e historia, eso no era conveniente”.  

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se sumó a las declaraciones de Massa y afirmó que el Gobierno nacional «tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres». Y confirmó que se está trabajando en una modificación a la ley de alquileres. Según Fabián Medina, “todes están de acuerdo en que hay que cambiar la ley; y a fin de cuentas se va a terminar mejorando el mercado del alquiler”.  

Para saber la postura en general de les inquilines respecto a esta situación, NAP habló con Fernando Muñoz, director de la Defensoría del Inquiline. Si se llega a derogar la ley vigente, Muñoz afirmó que “Las consecuencias no tengo ninguna duda de que van a ser tremendas para el bolsillo inquilino. Al sacar esta ley se va a profundizar la crisis económica de les trabajadores, de les inquilines”. También afirmó que siempre con medidas de este calibre se busca perjudicar a les más débiles y les que salen ganando son les más poderoses. 

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Sergio Massa, quien propuso cambiar la ley vigente, y actual presidente de la Cámara de Diputades. Créditos: Télam

Qué puntos se busca modificar de la ley 

  • Plazos de los contratos. La ley vigente aumentó de dos a tres años el plazo mínimo de alquiler y estableció mayores restricciones para que les propietaries rescindan el contrato. Estas condiciones generaron que una de las principales demandas de les dueñes sea volver a los contratos de dos años y es uno de los temas que se analizarán en la revisión de los artículos que encarará el Congreso. 
  • Índice de actualización. Una de las principales demandas de les inquilines tiene que ver con los porcentajes de actualización con los que se enfrentan al cumplirse el año del contrato. A diferencia de la situación anterior, en la que les propietaries fijaban aumentos semestrales por los dos años que duraba el alquiler, la nueva ley estableció que los ajustes se efectúan utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de precios al consumidor (IPC) y la Remuneración promedio de les trabajadores del sector privado formal (RIPTE), elaborado y publicado por el Banco Central
  • Garantías. Con la nueva ley, le inquiline debe otorgar hasta dos posibles garantías que pueden ser además un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del inquiline como el recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio, una de las cuales debe aceptar le propietarie. 
  • Registro AFIP. La normativa establece que todos los contratos deben ser declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El ministro Jorge Ferraresi aseguró que apenas 230.000 de los 2,5 millones que tienen en radar están inscriptos.
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