Desde la Comisión Provincial por la Memoria Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentaron una denuncia en la causa caratulada como homicidio que investiga la muerte de Alejandro Martínez (35), ocurrida el jueves pasado en la comisaría de San Clemente del Tuyú. La víctima fue detenida por disturbios y presentaba padecimientos mentales. Se intenta determinar el accionar policial y su responsabilidad en el hecho.
Los hechos
Alejandro Martinez había sido detenido en un hotel en la localidad de San Clemente del Tuyú, perteneciente al Partido de la Costa en Buenos Aires. Lo trasladaron a la comisaría del lugar donde horas después falleció. En días previos lo detuvieron en dos oportunidades e internado en un hospital por un cuadro de salud mental. Luego de unas horas internado le dieron de alta. Ese mismo día por la noche fue nuevamente detenido y permaneció en la comisaría hasta el 17 de noviembre.
Sin embargo, en esta última detención lo llevaron a la comisaría con un estado de alteración producto del consumo de estupefacientes. Allí denuncian que lo golpearon y asesinaron. Tras la autopsia, que reveló golpes en el cuerpo de Martínez, resultaron detenidos nueve agentes de la policía Bonaerense. La Comisión por la Memoria, se presentó como particular damnificado institucional.
Desde la Comisión explican que “estos antecedentes, ponen en evidencia que la víctima se encontraba bajo un cuadro de padecimiento mental que debía ser abordado de manera específica con herramientas de contención adecuadas por personal del Ministerio de Salud”.
“Pero una vez más, y como hemos denunciado en tantos otros casos, se muestra la ausencia de protocolos y estrategias de este tipo en los agentes policiales, prevaleciendo siempre la violencia como modo de abordaje de estas situaciones conflictivas”, sostienen.
Y agregan: “esa violencia desplegada como única estrategia de intervención termina en la muerte o torturas de personas que padecen una enfermedad y deben ser tratadas como pacientes”.
La versión policial, contrastada
A Martínez lo detuvieron en un hotel de esa ciudad, tras una denuncia por disturbios y lo llevaron a la comisaría. La policía afirmó que hubo un intento de trasladarlo al hospital, pero el personal de salud en turno denegó la internación. Alegaron que hay una resolución de la dirección de la Institución, que restringe el ingreso de 0 a 8 horas y que por ello lo trasladaron a la comisaría; pero esto es materia de investigación.
En la comisaría “se habría recostado sobre un colchón y después de 10 minutos dejó de responder. Luego de esto, los oficiales que se encontraban en el lugar constataron la ausencia de signos vitales”, según informaron fuentes policiales.
Pero hubo investigaciones posteriores con datos y pruebas concretas que desmienten ese relato. La autopsia realizada en la morgue del Ministerio Público de Lomas de Zamora permitió constatar que el cuerpo tenía golpes y signos de asfixia.
Además hay un testimonio de otra persona que estaba detenida en la comisaría; que también pone en dudas el relato oficial. Este indica que varios policías pusieron a Martínez contra el piso y lo golpearon.
A partir de estos elementos, la investigación judicial tomó otro curso y la causa fue recaratulada como homicidio. En consecuencia, este sábado detuvieron a nueve agentes de la Policía Bonaerense vinculados a la comisaría de San Clemente del Tuyú.
Cabe destacar un antecedente que llama la atención: en 2019, el titular de dicha comisaría, Roberto Fernando Romero, fue separado de su cargo; tras una denuncia por torturar en un calabozo a una mujer de 35 años con padecimientos mentales y problemas de adicción.
Violaciones a los DDHH por parte de las fuerzas de seguridad
En este caso como en el que sucedió hace unos días con el asesinato de Lucas González, la policía intentó imponer una versión oficial para despistar y lograr impunidad. También se vieron otros casos, como el de Santiago “Chano” Charpentier; donde es cuestionable el accionar policial que recurre a la violencia sin tener en cuenta un abordaje específico de los padecimientos mentales de las personas.
Desde la CPM resaltan que “Martínez se encontraba bajo custodia de funcionarios policiales que debieron cuidarlo y dejarlo en manos de personal de salud y de ningún modo detenerlo y alojarlo en la comisaría. La golpiza de Martínez y su asesinato por asfixia; da cuenta de la brutalidad policial que de múltiples formas se expresa cotidianamente”.
“Las graves violaciones de derechos humanos de parte de las policías y fuerzas de seguridad; son deudas de la democracia que deben ser abordadas con políticas públicas tendientes a la prevención, sanción y asistencia a las víctimas”.
También al respecto, desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura llaman a la reflexión “a quienes con sus discursos públicos, dirigentes y comunicadores, alientan a las fuerzas de seguridad a que ´metan balas a los delincuentes´, para que midan la dimensión de sus palabras. Más temprano que tarde, terminan generando víctimas como Lucas González, o tantos otros que como él pagan con su vida esas arengas, en diferentes puntos del país”.