El presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, negó rotundamente este miércoles la acusación en su contra por un presunto conflicto de intereses en la venta de una empresa minera a un amigo suyo.
Diputades aprobó la acusación contra el primer mandatario; el martes el Senado decidirá si es inocente o culpable. En el caso de darse esta última instancia, sería destituido y no podría desempeñar ningún cargo público por el lapso de cinco años.
Piñeira afirmó que no tiene “ningún fundamento” la acusación constitucional en su contra. Y la atribuyó a “un clima enrarecido” que vive el país y a un “claro e injustificado interés electoral».
La acusación
El 8 de octubre se conoció la investigación periodística Pandora Papers. Desde ese momento, la Fiscalía investiga si Piñera realizó u omitió gestiones en su calidad de funcionario público, que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas por la venta de la firma Dominga, informa Télam.
La acusación aprobada en Diputades le adjudica al presidente “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”. Asimismo, “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.
Piñera se defiende
Según los portales del diario La Tercera y Radio Cooperativa, el presidente afirmó que «los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un Juzgado de Garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema”. Instancias todas en las que “en forma unánime se decretó que no había ninguna irregularidad”.
En diálogo con el Palacio La Moneda, agregó: “los temas tributarios y de transparencia, declaración de patrimonio, fueron también conocidos e investigados y aclarados por las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la propia Contraloría”.
«Después de una detenida lectura” de la documentación, concluyó en que “la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados; o en simples conjeturas o posiciones que no cumplen las normas que regulan una acusación constitucional”, detalló Piñera.