El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó como requisito primordial contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino para poder estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dicha afirmación sucedió tras un pedido de un ciudadano de nacionalidad peruana que solicitó inscribirse en la carrera de sociología presentando su pasaporte. En esos momentos, contaba con una pena preventiva de libertad que no le permitió adquirir un DNI.
Previamente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo había aceptado la acción de amparo promovida por el sujeto para ser anotado en el primer año de la carrera dictada en la Facultad de Ciencias Sociales, pese a no contar con documento argentino. Dicha cámara argumentó que la identidad del aspirante podía ser comprobada con su pasaporte expedido en su país natal.
En ese sentido, la CSJN recordó que la Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional (Nº 17.671) establece que “la presentación del DNI expedido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad”. El mismo no podrá ser suplantado por ningún otro documento, cualquiera fuera su naturaleza y origen.
Además, el máximo tribunal explicó que la presentación del DNI se exigirá a quienes sean aspirantes a las carreras de grado, nacionales o extranjeros. Se encuentren o no cumpliendo una pena privativa de la libertad, este será un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas.
La respuesta de organizaciones migrantes
Desde la Campaña Nacional Migrar no es Delito, se emitió un comunicado repudiando la decisión tomada por La Corte bajo el lema “#EducaciónPúblicaSinDiscriminación”. “La exigencia del DNI expedido por Registro Nacional de las Personas no está al alcance de todo el colectivo migrante”, comenzaron explicando.
“Les migrantes aportamos a la economía nacional con nuestro trabajo y cultura, así también generamos puestos de trabajo. Pero sin un DNI nos someten a los peores trabajos mal pagos en condiciones indignas. Nos quieren sin oportunidades y sin acceso a la educación”, continúa el documento.
“Las organizaciones migrantes y aliades logramos la derogación del DNU antiinmigrante que impuso el Macrismo para perseguirnos. No debemos permitir que la decisión de la Corte Suprema nos vulneren como lo viene haciendo en estos últimos tiempos con decisiones antimigrantes’’, ratifican.
Estas declaraciones se refieren al DNU N° 70/2017 dictado durante la gestión de Cambiemos (2015-2019), el cual amplió los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, incluso en casos en los que no tuvieran una condena en el fuero penal. Dicho documento se derogó en marzo de este año trás la resolución del presidente Alberto Fernández.