El pueblo mendocino tiene una larga trayectoria en cuanto a la lucha por la defensa del agua y del ambiente. En 2010, les vecines de Uspallata, Mendoza, lograron detener el proyecto minero de San Jorge participando de una gran audiencia pública. Pero la Corte Suprema acaba de declarar como inconstitucionales ciertos artículos de la Ley 7.722. De esta forma se habilita el uso de químicos que hasta ahora estaban prohibidos, como xantato y la poliacrilamida.
La ley 7.722, conocida como «Guardiana del agua», fue sancionada el 20 de junio de 2007 con el fin de regular la actividad minera. Prohíbe el uso de químicos tóxicos en la minería metalífera de Mendoza. Su sanción fue lograda gracias a la lucha de un pueblo que no se rindió en su defensa de su territorio.
En el artículo 1, se establece «la prohibición, en el territorio de la Provincia de Mendoza, del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo». La finalidad es «garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico«.
A 11 años de una audiencia histórica
A fines de octubre, se cumplieron 11 años de la audiencia pública que puso de pie a Uspallata, en lo que fue una de las mayores defensas del agua y la vida en Mendoza. Participaron más de 2000 personas, y pudieron exponer sus argumentos unes 700 vecines, que tuvieron tres minutos cada une para hablar. Tras una larga jornada de 14 horas de exposiciones, el pueblo determinó que no había licencia social para el desarrollo de la minera San Jorge.
En comunicación con Radio Comunitaria Cuyum, Federico Soria, integrante de las asambleas que luchan por el agua, recordó esa jornada. “Fue la primera vez que el pueblo de Uspallata se pudo expresar contundentemente y además fue uno de los eventos más masivos porque hubo mas de 3000 personas en la audiencia. No hablaron todos, pero sí concurrió muchísima gente. La comunidad de Uspallata, apoyada por el resto de la comunidad de Mendoza, dejó un pronunciamiento claro y contundente en contra de la megaminería que se mantiene hasta el día de hoy”.
Además, señaló que el extractivismo es política de Estado al afirmar que: “Los partidos políticos hegemónicos, se comportan como verdaderas corporaciones político-empresario-policial y es por ello que lo han impuesto como una política de estado. Hoy vemos que prácticamente no hay diferencia entre los partidos, que además sabemos que a nivel nacional le rinden pleitesía a las grandes corporaciones extractivistas y financieras como Rockefeller, Barrick, Monsanto y Chevron. Eso ha bajado a nivel provincial y se tradujo en ese acuerdo nefasto que firmaron la UCR y el PJ para voltear la ley 7722”.
Intentos de derogación
Desde que la Ley 7.722 fue promulgada, fueron muchos los intentos por querer modificarla con el fin de permitir el desarrollo minero en Mendoza. En el año 2008 la mina San Jorge presentó su proyecto, entregando la aprobación del Informe de Impacto Ambiental dos años después. Por todo ese tiempo, la comunidad se manifestó en contra del otorgamiento del permiso, realizando marchas, acampes y cortes de ruta, como así también manifestaciones en la carrera del Dakar.
En julio de 2010 les vecines de Uspallata presentaron sus reclamos ante el Concejo Deliberante. El 26 de octubre de 2010 se desarrolló la mayor audiencia pública, donde expusieron sus ideas más de 700 ciudadanes, además de representantes de empresas mineras. Luego de 14 horas, el 77% de los oradores manifestó su oposición a la instalación del proyecto minero. Durante el año 2011, la Declaración de Impacto Ambiental se rechazo por la legislatura.
En 2012 hubo un nuevo intento de apertura minera, esta vez de la mano del Diputado por el PJ, José Muñoz. Su proyecto afirmaba que la ley era discriminatoria para Malargüe. Esto se repitió en el 2018 por parte de los senadores justicialistas Agulles y Abraham. Pero ninguno logró la modificación deseada. Por su parte, diferentes empresas mineras solicitación la inconstitucionalidad de la ley, sin éxito alguno.
Ardua lucha
Hace dos años, a fines de diciembre de 2019, se aprobó la ley 9.209 que modifica parte de la ley 7.722, flexibilizando el desarrollo de la megaminería. Sobre las sustancias químicas, prohibía solo el uso de mercurio en todas sus formas, pero sí permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico.
El nuevo artículo 1 proponía: “Permitir el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto» y limitar «aquellos productos cuya producción, importación y uso esté prohibido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales».
Esto ocasionaba que se reactiven 19 proyectos mineros, la mayoría para la explotación de cobre, entre ellos San Jorge. Pero les ciudadanos volvieron a ejercer su derecho a decidir, manifestándose en contra de dicha reglamentación durante 10 arduos días de lucha.
Una gran caravana partió desde el Valle de Uco hacia la Casa de Gobierno, donde se desarrolló una gran represión. Más de 20.000 mendocinos se habían movilizado en oposición a la reforma. Participaron no sólo las asambleas por el agua, sino toda la comunidad científica, la iglesia y diversas ong´s. Finalmente, el 30 de diciembre, la modificación fue derogada por parte del gobernador Rodolfo Suárez.