Ya son dos las décadas de impunidad y misterio tras la desaparición de Rubén Darío Jerez. En este marco, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con esta acción, se busca que se declare el hecho como un caso de desaparición forzada para que el Estado argentino investigue la causa.
Justamente la investigación del hecho quedó estancada. Por otra parte se había avanzado en la causa por encubrimiento, pero la misma prescribió.
Según señala la CPM, el motivo del fracaso de la investigación fue “por negligencia de los operadores judiciales”. Ello derivó en la absolución de los imputades por prescripción de la acción penal, señalan.
En la presentación que hicieron ante la CIDH, alegan que “el Estado argentino incumplió con su deber de investigar e incurrió en un retardo injustificado en el trámite de la causa”.
En 2013 se llegó a juicio oral tras el paso de cinco fiscales por la causa en la que se imputó a seis personas de las cuales cinco fueron por encubrimiento agravado y una por falso testimonio. Finalmente, todas recibieron la absolución.
El último día que vieron a Darío Jerez
La última vez que se lo vio a Rubén Darío Jerez tenía 40 años, y fue el 25 de octubre de 2001 en Santa Teresita. La víctima era repartidor de productos Arcor y gestor de créditos.
Durante ese mediodía salió en su vehículo Ford Fiesta a recorrer comercios y entró a realizar un cobro a un negocio. A su salida, testigos señalan que se lo vio hablando con un directivo de la empresa donde trabajaba, Alejandro Muñoz. Sin embargo, éste negó el encuentro, por lo que fue imputado por encubrimiento.
Esa fue la última vez que vieron a Jerez y su auto quedó estacionado con las ventanillas abiertas y los objetos personales en su interior. Otro de los imputados fue Carlos Subirol, también empleado de la empresa, por llevarse el automóvil del lugar.
Quienes por entonces eran funcionarios del Municipio del Partido de la Costa también quedaron involucrados en el caso. Se trata del ex secretario del intendente, Jorge Grande; el ex concejal Daniel Claudio López y el ex jefe de inspecciones Cristian Ibarra, todos imputados por encubrimiento agravado. Por otra parte, se imputó a Leandro Alzugaray por falso testimonio. Es el único fallecido del caso.
La investigación
Según informa la CPM, “a lo largo de toda la investigación se pudo dilucidar el vínculo entre la empresa financiera en la que trabajaba Jerez con funcionarios del Estado”. Y agregaron que estos funcionarios “intentaron utilizar su posición para lograr desviar el curso de la investigación”.
En cuanto a la auto incriminación de Gustavo Gabriel Maidana, precisaron que fue un “plan ejecutado por funcionarios públicos”. Y que para el mismo recurrieron a “una persona con discapacidad mental para que se auto incrimine mediante amenazas y recompensa”.
Finalmente los imputados fueron absueltos “por una valoración absurda de la prueba producida”, afirmó la CPM. Luego de ello la cámara de casación penal anuló la sentencia y reenvió la causa a primera instancia para un nuevo juicio, que no prosperó.
La causa fue remitida en 2017 tras las apelaciones de los imputados, y se pudo marcar la prescripción tras no recibir la carátula de desaparición forzada.
Ahora se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome cartas en el asunto y obligue al Estado Nacional a esclarecer los hechos.