La Isla Martín García perteneciente a Argentina posee 160 hectáreas y está ubicada en las aguas del Río de la Plata bajo jurisdicción de Uruguay. Por ese motivo es un enclave argentino, es decir, un espacio territorial ubicado en otro país, con la jurisprudencia del primero.
La población del islote es de sólo 170 personas, agrupadas en unas cincuenta familias. En el lugar, funciona la Panadería Rocío fundada en el año 1988. Su actividad se realiza bajo un contrato de concesión que se ha ido renovando periódicamente por los distintos gobiernos provinciales. Esto se debe a que la totalidad de los inmuebles del lugar pertenecen al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Algunas presuntas irregularidades de funcionarios han generado la interrupción de las concesiones del lugar.
El origen de la panadería
La cuenta de Instagram de la Panadería Rocío relata la historia del lugar. “En 1988 vinimos por primera vez. El local que hoy es nuestra panadería estaba abandonado. Hace generaciones que nuestra familia elabora panificados, y pensamos en fundar nuestro negocio y criar a nuestr@s hij@s en un entorno natural. Presentamos un proyecto de trabajo, restauración y mejoras periódicas, que se renovó en todas las gestiones de gobierno”.
Irregularidades en el cobro del canon
Los integrantes de la panadería relatan que durante todos los sucesivos gobiernos fueron renovando la concesión hasta un determinado momento en que comenzaron las dificultades. “En 2019, con Diego Simonetta como Director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García y su superior, Eugenio Liggesmeyer, como Director Provincial de Islas, eso cambió”.
Y describen que desde ese entonces “comenzaron las amenazas, insultos y comentarios discriminatorios de Simonetta hacia residentes”. Según se detalla, el cobro del importe de la concesión adoptó una forma irregular. “Simonetta discontinuó el registro del pago del canon de los comerciantes y no renovó los convenios, pero pretendió cobrar los montos tomando registro en un cuaderno Gloria” puntualiza el Instagram oficial de la Panadería.
El relato de los concesionarios
Roxana Paoleta, esposa de Fernando Sánchez, concesionario de la Panadería Rocío, detalló que “siempre hemos pagado el canon estipulado por las autoridades de turno”. Y relató que “este año, el 6 de julio de 2021 fuimos citados en la Dirección de Islas, ubicada en la Isla Martín García por el Sr. Simonetta. Allí fuimos informados de que debíamos dejar las instalaciones de la panadería y de la vivienda que actualmente ocupamos”. La comerciante explicó que ante este pedido preguntaron los motivos por los cuales debían entregar el inmueble.
“Se nos contestó que ya no servía para los intereses y los proyectos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la isla” indicó. También comentó que “en ese instante nosotros le dijimos que no íbamos a aceptar ese pedido y que lo íbamos a conversar con nuestros abogados. Nos pusimos en contacto con ellos y a los tres días de realizada la reunión recibimos una carta documento firmada por el director provincial de Islas.
En ella se nos decía que en el término de 15 días entregáramos la panadería y el inmueble de la vivienda” relato preocupada. Roxana indicó que respondieron esa carta documento donde declaraban que no habían sido notificados de acto administrativo anterior. Sin embargo, no recibieron respuesta.
Puertas cerradas
Desde el 10 de julio de este año la panadería está cerrada pues en esa fecha sus concesionarios recibieron la carta documento donde se les prohibía abrir el local. Hace 10 días cortaron el suministro de luz. Roxana Paoleta relato que “nosotros íbamos diariamente con mí marido a poner en marcha las máquinas y a prender el horno porque al ser a leña, se carga de humedad si no se prende”. Y aclaró que “desde que cortaron la luz, eso no lo pudimos hacer más”. También precisó que “no nos entregan leña para poder prender el horno, entonces lo que hicimos fue juntar ramas de nuestro domicilio y con eso lo encendíamos”.
Amenazas e insultos
Desde la cuenta de Instagram, la panadería relató otras irregularidades respecto del director de la Isla. “Simonetta nos citó repetidamente en pandemia, sin barbijo ni distancia, fuera de la Isla. Sin registrar en actas, sumaban violentamente a personas cuyo nombre desconociamos. Nos gritaban e insultaban”.
También se menciona que “en el último encuentro estaban él y dos personas que no se identificaron y dijeron ser abogados de la Provincia. Quisieron hacernos firmar que abandonamos el proyecto y nos amenazaron. Con la reunión finalizada tuvimos que interceptarlos en la lancha para pedir sus datos, y corroboramos que uno de los abogados, no lo era”.
Esperanzas de que todo se resuelva
Roxana Paoleta mantiene su optimismo aun ante el avasallamiento del funcionario estatal. “Esperamos que esto se solucione lo más pronto posible”, afirma con esperanza. Y aclara que “nunca fuimos informados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires de esta situación. Solamente recibimos una carta documento”.