El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con una constructora para levantar una torre de 23 pisos. La edificación se llevará a cabo en el predio de un Área de Protección Histórica (APH), ubicada en el microcentro porteño. Lugar donde se encuentra emplazado un monasterio y la iglesia Santa Catalina.
De esta manera, se podría generar el derrumbe de las dos construcciones históricas que fueron fundadas en 1745. Cabe señalar que en esta zona rige una medida judicial, que impide este tipo de obras por el riesgo que representa al patrimonio arqueológico.
Nota al pie se comunicó con el abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo para conocer el estado de situación.
¿En qué consiste el acuerdo?
El presidente del Observatorio resaltó que “el Gobierno está yendo en una regresión a las normativas”. Las cuales “tienen por objeto proteger el patrimonio histórico”. El abogado también hizo hincapié que “no se puede dar marcha atrás una vez que se han establecido normas que protegen el ambiente y el patrimonio”.
El convenio con la empresa constructora Nehuente S.R.L. tiene la finalidad de levantar una torre de 23 pisos en el predio de un Área de Protección Histórica (APH).
El acuerdo entre la administración porteña y la constructora se presentó el lunes en la Legislatura porteña. Y en el día de hoy desde las 16, será explicado por funcionarios de la Ciudad en una reunión de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto.
En la misma línea, la propuesta plantea la construcción sobre la avenida Córdoba de un edificio que podría alcanzar los 20 pisos. Por otra parte, propone que la porción restante, que da a la calle Viamonte, se transforme en un espacio público verde.
Baldiviezo explicó que “la lógica de este convenio (junto con los otros 15 convenios que ingresaron a la legislatura) es una lógica puramente recaudatoria”.
El presidente del Observatorio puntualizó que “no tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas”. Sino que “el Gobierno está subastando, normativa urbanística a cambio de plata para recaudar más”.
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad impidió su realización en 2016
Cabe destacar que “en el 2010 el Gobierno, avanzó en la construcción de una torre de 18 a 21 pisos” detalló Baldiviezo. En consecuencia, la justicia declaró nulo esos permisos diciendo que “violaban el patrimonio histórico y la zonificación” , resaltó el abogado.
El proceso judicial se extendió hasta el 2016 y llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. A raíz de esto, desde el tribunal resaltaron que se trata de «una desmesura en el celo por los intereses privados y en la postergación del interés en la preservación del patrimonio histórico».
El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que “la Ley General de Planificación está desapareciendo”. Y agregó que “está siendo reemplazada, excepción tras excepción, por estos convenios urbanísticos”.
Para finalizar, el abogado sentenció que “hay un grupo selecto de propietarios que reciben los beneficios de la autorización de estos emprendimientos inmobiliarios”.