Uno de los factores que define a la era actual es la digitalización. De hecho, en el marco de la pandemia del coronavirus, la virtualidad permitió continuar con muchas de las actividades que no se podían hacer presencialmente.
A raíz de este incremento del uso de la tecnología, en la Argentina ya desde el año pasado se debate sobre establecer a Internet como servicio público esencial.
Esta semana, el tema volvió al centro de la mirada pública. El presidente Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo anunció que presentará un proyecto de Ley al respecto.
El anuncio coincidió con lo expresado por el presidente, Alberto Fernández durante la presentación del plan Argentina Programa. Dicho encuentro fue en el predio de Tecnópolis en la localidad de Villa Martelli (Vicente López).
Al respecto, la doctora en Ciencias Sociales, Bernadette Califano, habló sobre el tema en el programa radial «El Algoritmo Escondido» en Radio con Vos. En ese sentido, planteó que «hay varias cuestiones que no están claras sobre qué implica o no ser considerado un servicio público en competencia».
La investigadora adjunta del CONICET se refirió el decreto que el Gobierno lanzó en el 2020, en ocasión de la pandemia. Este considera a «internet, telefonía y televisión paga como servicios públicos esenciales» y actualmente está judicializado debido a un pedido de las empresas privadas.
«El decreto está vigente y el objetivo era evitar que aumentaran los precios hasta diciembre del año pasado y la declaración como esenciales. Se avanzó en algunas cuestiones y otorgó este carácter de servicio público en competencia a las tecnologías de la información y las comunicaciones», señaló.
Antecedentes y avances del proyecto
Por otra parte, la especialista en políticas, medios y tic habló sobre los comienzos del mencionado plan. De esta manera, recordó que los antecedentes datan del 2014 con el Programa Argentina Digital.
«Se pretendía que el Estado regulase el acceso a las redes de telecomunicaciones entre licenciatarios. En otras palabras, el precio al cual los operadores mayoristas podían vender el mega, por ejemplo, a los operadores minoristas del interior del país», explicó.
Asimismo, Califano precisó: «Ese precio iba a estar regulado por el Estado. Ello para que no hubiera tanta diferencia en el abono que paga un usuario en Capital Federal y otro en Jujuy«.
En cuanto a esta regulación de precios por parte del Estado, la doctora en Comunicación estableció una distinción. Así aclaró que «no es lo mismo que decir que el Estado puede cumplir con la demanda del servicio público».
«Cuando uno declara un servicio publico tiene que asegurarlo a todos los ciudadanos. Para ello, el Estado debe garantizar que exista, que esté disponible, que no se corte y que sea regular y conntinuo», manifestó.
En sintonía, indicó que «si bien no a significa que el Estado tenga que prestar esa actividad, puede delegar esta prestación en privado. Pero sí tiene que garantizar que exista y que no dejé a nadie por afuera».
Por último, Califano reflexionó sobre las consideraciones a tener en cuenta sibre el avance del proyecto para declarar internet como servicio público. Al respecto, sostuvo: «No creo que de ninguna manera que el Estado vaya a prestar el servicio».
«Me parece que el detonante tiene más que ver con la suba de precios y con la necesidad de que el Estado intervenga un poco más ahí. Para regular estas tarifas y que estos valores no sean desproporcionados y permitan acortar la brecha digital», concluyó.