El juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, dictaminó el sobreseimiento de Ernesto Ripsky, gerente de la planta Taym, y de María Araoz Ferrer, jefa técnica de la planta. Ambos implicades en la causa por contaminación de suelos y aguas en Santa Ana, provincia de Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una gran tormenta en Córdoba provocó inundaciones de hasta 150 milímetros. La inundación generó el derrumbe del terraplén de contención de la planta Taym. También, una gran cantidad de residuos industriales y líquidos contaminantes se esparcieron por la zona.
Sin embargo, cuatro años después del hecho se sobreseyó a las personas imputadas. Les vecines apelarán el fallo de sobreseimiento. Sostienen que fue comprobada la responsabilidad de ejecutives de Taym y funcionaries públicos en el desastre ambiental.
La negligencia y la impunidad garantizada
Según afirman les vecines organizades de la agrupación Santa María Sin Basura, la planta de tratamiento de residuos tóxicos de la empresa Roggio S.A. fue autorizada a instalarse en el año 2000 por la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), a pesar de no contar con el certificado de no inundabilidad requerido.
Debido a la inundación, sustancias contaminantes acumuladas en un depósito se volcaron por los suelos y fueron arrastradas hasta el Canal Los Molinos. Allí, ingresaron al agua y siguieron su curso hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas. Esta abastece de agua al 30% de la población de Córdoba Capital.
Ealina Lacombe, integrante de Santa Maria Sin Basura, declaró en su Facebook “La prescripción de la Causa contra el Gerente y la Directora Técnica de Taym por contaminación ambiental con residuos peligrosos es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano’’.
Una deuda con la población
Luego de cuatro años de investigación, se pueden comprobar las responsabilidades empresariales y políticas en el desastre ambiental. Resultó en el consumo de aguas contaminadas en los hogares de la capital cordobesa.
No obstante, la Justicia no condenó a ningún responsable de la planta, tampoco se investigó a les funcionaries del gobierno ni se aceptó la querella de les vecines. Además, todavía se percibe riesgo ecológico en la ubicación de la planta.
