Desde la comunidad palotina de la Parroquia de San Patricio en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires impulsan acciones como querellantes para que se reactive la investigación de la pista que lleva a la ESMA ( Escuela de Mecánica de la Armada). Ya que señalan a efectivos de la armada como autores de la masacre de los cinco religiosos de esa orden; ocurrida hace 45 años, según informó Télam.
La causa está a cargo del del magistrado Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal 12, que instruye el expediente por la denominada «Masacre de San Patricio», perpetrada en la madrugada del 4 de julio de 1976 por grupos de tareas del terrorismo de Estado. Trascendió que Ramiro Varela, integrante de la comunidad y fundador del colectivo «Palotinos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia» se incorporó como «amigo del tribunal».
El crimen de los religiosos
En la madrugada del 4 de julio Los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron acribillados a tiros en la casa parroquial de San Patricio.
Esa misma noche, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de les vecines. Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, estaba esa noche en su domicilio con unos amigos, y realizó una denuncia en la Comisaría 37.
Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial llamado Miguel Ángel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos se retiró como si hubiera impartido directivas. Luego, Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.
Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical. Cuando logró ingresar, el joven se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado.
En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron: «Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria»; «Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)».
Las pistas que apuntan a la ESMA
Varela y les integrantes del colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia» creen que en la Justicia debería seguir la pista sobre la participación que pudo tener en el hecho Gonzalo Torres de Tolosa.Este era el ex secretario del Juzgado de Menores N° 9; durante la última dictadura. Bajo el alias de «teniente Vaca»; integraba el grupo de tareas 3.3.2 que operaba desde la ESMA y que comandaba el genocida Jorge «El Tigre» Acosta.
Tolosa tenía una relación familiar con Acosta; y el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo lo señaló ante la Justicia española como participante de los llamados «Vuelos de la Muerte». También relacionó al funcionario judicial con «La Masacre de San Patricio».
En la ESMA, Scilingo estaba encargado de los autos que usaban los represores en los operativos. Y en función de las estructuras inorgánicas del terrorismo de Estado tenía como superior, de hecho, a Tolosa. El abogado y civil le ordenó a Scilingo que había que cambiarle el color a un Peugeot 504. Ante la pregunta del militar le reveló que ese vehículo había participado del operativo en el que resultaron asesinados los cinco religiosos.
También la sobreviviente de la ESMA Marta Remedios Álvarez ratificó esa versión de Scilingo ante la Justicia sobre los dichos de Tolosa; quien en la actualidad cumple una condena por delitos de lesa humanidad y se encuentra bajo arresto domiciliario por razones de salud.
Antecedentes de la investigación
En julio de 2006 el juez Sergio Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a 18 integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2: Antonio Pernías, Jorge «El Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Ernesto Frimón Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Enrique Perren, Francisco Lucio Rioja, Nestor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Angel Martello, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta. Pero un año más tarde, revocaron los procesamientos por falta de pruebas y la investigación se paralizó.
Más tarde; en 2013 se ordenó una pericia balística sobre los 28 proyectiles y 35 vainas servidas que se recolectaron en la casa parroquial y que habrían sido disparadas de cinco armas distintas. Se concluyó que eran armas de 9mm. En esos años éstas eran utilizadas tanto por los efectivos de la Armada como por los de la Policía Federal. Ese dato apuntaba a la versión que indicaba que la masacre había sido «una venganza» de la Policía; por la bomba que la organización Montoneros había puesto días antes en la sede de Coordinación Federal.
«Creemos que la autoría material estuvo a cargo de la Armada y que la (Policía) Federal liberó la zona. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo porque los genocidas se van muriendo. Pero no vamos a dejar de militar esta causa y dar la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia», declaró Varela a Télam.
«Palotinos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia«
«Hice el preescolar en el Colegio que la Parroquia de San Patricio tiene en el barrio y empecé la primaria ahí, justo cuando comenzaba el Juicio a las Juntas y se ventilaron los crímenes de los religiosos que integraban la orden. Durante años hubo mucho silencio sobre el tema. Pero cuando se cumplieron los 40 años del crimen desde la comunidad decidimos comprometernos para que se haga justicia y este caso no quede impune», agregó Varela.
Así fue como sus integrantes; decidieron fundar el colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia», para apoyar a la querella y «mantener vivo el recuerdo» de los cinco mártires de la comunidad, víctimas de la represión ilegal que se ejerció en Argentina durante la última dictadura cívico-militar.