El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, eliminó la fiscalía letrada del Tribunal de Cuentas, que investigaba posibles irregularidades de su gestión. Días atrás, el fiscal Nicolás Snopek, a cargo del mencionado ministerio público, lo había denunciado por amenazas.
“Gerardo Morales me llamó para amedrentarme. Me exigió que no cumpla mi función. Estaba fuera de sus cabales. Creo que me están haciendo una persecución desde su ámbito cercano”, reveló Snopek a Radio 10.
La decisión se dio a raíz de un escrito que Snopek y la Fiscal General Adjunta de Jujuy, Flavia Hubeid, presentaron el 15 de septiembre de 2020 ante la Oficina Anticorrupción (OA). El objetivo era determinar la existencia de irregularidades en la compra de test PCR que la provincia adquirió para detectar el Covid 19.
A Morales -cuyo partido Frente Cambia Jujuy se impuso a fines de junio en las elecciones legislativas provinciales-, se lo acusa de haber contratado a la empresa “L.A.C. Norte”, que es propiedad de les legisladores provinciales Rubén Rivarola y Liliana Fellner. Esto está expresamente prohibido en el artículo 64 de la Constitución de Jujuy.
¿Qué establece la norma?
Según la norma, ningún agente público puede “recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado”; ni “administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la administración del Estado”.
El letrado explicó que, tras la presentación ante la OA, recibió “un llamado de Gerardo Morales en el cual me indicaba que no estaba muy conforme con nuestra iniciativa”; además de instarlo a no continuar con su trabajo. Como consecuencia, Snopek radicó una denuncia por amenazas en la Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy.
“Di la prueba del llamado a la Fiscalía. En Jujuy no quieren que se controle todo aquello que tenga que ver con la administración. No hay seguridad jurídica por una decisión de Morales. Aquí se derogan leyes que eliminan instituciones. Por una intervención de rutina, hemos tenido consecuencias”, aseguró el fiscal.