Jun 30, 2021 | Zona Ambiental

Denuncian al dueño de Manaos por intentos de desalojo violentos

El reclamo lo realizaron desde la comunidad originaria Yacku Kachi (Santiago del Estero) y el Movimiento Campesino local.
La comunidad Yacku Cachi y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero denuncian intentos de desalojo violentos por parte del dueño de Manaos. Crédito cta.org.ar

A lo largo de los años y aún en la actualidad, las comunidades originarias de la Argentina sufren múltiples atropellos. En ese sentido, las familias e integrantes de dichos pueblos se ven obligados a luchar ante la vulneración de sus derechos.

En este contexto, once familias del pueblo de Guaycurú, Santiago del Estero, denunciaron que la empresa de gaseosas Manaos quiere desalojarles. Al respecto, Nota al Pie dialogó con Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y habitante del lugar, para profundizar sobre el conflicto. 

«La comunidad Yacku Cachi ha estado resistiendo. Y han ido aconteciendo hechos de violencia por parte del empresario Orlando Canido que ha traído en varias oportunidades grupos armados de personas desconocidas», denunció.

Además, agregó que «han hecho tiros (sic) contra las comunidades e ingresado de forma violenta. Han herido a compañeros con balas». 

En sintonía con los hechos de violencia sufridos, relató que se quemaron ranchos, rompieron pozos de agua, prendieron fuego a los medios de movilidad de la comunidad y mataron los animales.

El 12 de junio volvieron a aparecer con una orden de desalojo de 2019 otorgada por orden de la jueza Rosa Falco. “Llegamos, y en la puerta de la comunidad teníamos una valla de policías que no nos dejaba ingresar”, precisó Carrizo

La integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero señaló que “la comunidad no ha tenido participación para presentar los papeles que correspondan en su defensa. Esa orden ha sido apelada y se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, pero a la fecha no hubo respuesta». 

Antecedentes 

Respecto al comienzo del conflicto, la entrevistada afirmó que se remonta a 2006, donde las familias comenzaron a presentarse desalojos por parte del empresario.

«El empresario llegaba diciendo que era el dueño, que habían comprado esas tierras, y ofrecieron a las familias dinero para que se retiren. Muchas se han negado, y algunas se han retirado por miedo porque los atemorizaba con detenerlos», detalló.

Desde el Movimiento Campesino manifestaron que hubo «ataques a los tiros por parte de un grupo de desconocidos». Crédito mocase.org.ar

A su vez, destacó que el conflicto se ha ido recrudeciendo a partir del 2012 ya que se han tirado casas con topadoras. Se plantea que «las familias normalmente no tienen papeles de las tierras, pero tienen toda una generación tras generación. Sin embargo, está esa cuestión que siempre han estado jugando». 

Afirmó que han habido instancias de diálogo e incluso las familias han tenido que renunciar a parte de su territorio con tal de que se los deje en paz. «El empresario quiere desalojar a las familias como sea», señaló.

«La empresa se retira de la mesa de diálogo y ha continuado con el hostigamiento para definitivamente desalojarlos de las 900 hectáreas. Hoy las familias controlan esos territorios y producen más de 600 vacas, chanchos, cabras tienen toda la producción ahí», enfatizó Carrizo

Plan de lucha 

Por otra parte, la referente del Movimiento Campesino provincial se refirió a la situación actual en el lugar. Al respecto informó «hoy por hoy, está un grupo armado por orden de Canido al costado del territorio de las comunidades».

«Tienen una topadora en permanente marcha, rompiendo el alambrado de la comunidad y están a los tiros. Son 11 personas que la policía tampoco ha podido identificar porque no se han dado de conocer», agregó. 

A su vez, Carrizo comentó que la fiscal Sottini de Santiago del Estero tiene el informe en relación al conflicto actual. Al respecto explicó «estamos aguardando que se dé orden de detención y/o desarme de ese grupo armado».

La policía todavía no pudo identificar a les atacantes. Crédito mocase.org.ar

Informó que las familias de Guaycurú están amparadas por la Ley 26160. La misma contempla la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país».

En cuanto al plan de lucha, Carrizo afirmó: «En el territorio es la resistencia de las familias, en alerta permanente en lo jurídico y judicial. Además, hemos pedido un amparo de la Justicia Federal para que intervenga y hay garantías constitucionales que hay que resguardar. 

«El Juzgado Federal le ha pedido un informe a la jueza y ella ha respondido que ha hecho la suspensión, pero no está nada por escrito. Insistimos para que se llegue a una resolución del otorgamiento del título comunitario a la comunidad. Esa es la demanda que estamos solicitando», concluyó.

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