Jun 11, 2021 | Zona Ambiental

«Buenas prácticas agropecuarias»: los agrotóxicos siguen expandiéndose

El abogado ambientalista Darío Ávila, conversó con Nota al Pie y dio detalles acerca de las mismas
dique chico
Policía de Córdoba en resguardo de la fumigación en Dique Chico, ubicado en el departamento de Santa María en Córdoba. Crédito: gentileza de Darío Ávila

El programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba surgió en el año 2017 y se convirtió en ley en el año 2019. Esta consiste en una serie de recomendaciones técnicas por parte del agronegocio. 

Las prácticas están “orientadas a asegurar la inocuidad del producto y la protección del ambiente y del personal involucrado”, según lo que dictaminó la Legislatura de la provincia de Córdoba. Las mismas, son voluntarias, por ende, los productores pueden decidir si hacerlas o no. A su vez el gobierno les paga un incentivo económico a quienes las realizan. 

Estas consisten en respetar, por ejemplo, las condiciones climáticas a la hora de fumigar. El viento debe ser leve, es decir, menos de 15 km para no llegar a la planta urbana y también tiene que ser presentada la receta fitosanitaria. 

El abogado ambientalista, Darío Ávila, dialogó con Nota al Pie y dijo al respecto de las buenas prácticas que “son una mentira”. 

“Está probado que aun respetando las buenas prácticas agropecuarias las fumigaciones son incontrolables”, expresó. 

Una ley cuestionable

Los agrotóxicos, según Ávila, tienen una vida útil “de diez, quince a treinta días”. El abogado explicó que “Marcos Tomassoni, ingeniero químico, habla de tres tipos de deriva, la deriva primaria, la secundaria y la terciaria”. La deriva primaria se produce cuando se fumiga, la secundaria a los treinta días de la fumigación. La terciaria, por último, se da después de esos treinta días. 

“Hay productos que persisten en la tierra, por lo tanto, si tiene una vida de treinta días, por acción del calor, por ejemplo; ese producto se volatiliza, permanece en el ambiente y cuando viene el viento lo traslada a miles de km”, explicó el también ingeniero agrónomo. Para Ávila, la ley 10663 de las buenas prácticas “son recomendaciones del agronegocio para seguir justificando el uso de los agrotóxicos”.

Con respecto al incentivo, el productor “hace esa buena práctica simplemente porque el gobierno le paga, entonces es imposible generar un cambio de conciencia”, indicó.  

Cabe mencionar también que al convertirse en ley, el gobierno garantiza una partida presupuestaria todos los años. “Ya ahora pasó a ser política de Estado, el programa va a seguir estando porque fue creado por ley”, resaltó el abogado. Salvo, dijo Ávila, “que sea un gobierno del palo, cosa que descreo totalmente y derogue esa ley y con eso dé de baja el programa”. 

Glifosato en niñes de Dique Chico. Crédito: Agustina Almendra Santilli

“Buenas Prácticas”: una consecuencia del caso Ituzaingó

Según el ingeniero, el agronegocio comenzó a mencionar las Buenas Prácticas, luego de la condena al productor sojero Parra, en el juicio histórico del caso Ituzaingó en Córdoba. La mención de las mismas hizo que el modelo se «sacara de encima» a Parra y de esta forma «limpió su imagen».

En el juicio se logró por primera vez “sacar la causa de la órbita del derecho administrativo”, manifestó Ávila. Este aplica sólo una multa de bajo costo, entre otras sanciones, pero ninguna pena significativa. “La multa es irrisoria por lo tanto con la cantidad de guita que genera el modelo; les convenía pagar y al otro día seguían fumigando”, argumentó el abogado.

Se aplicó entonces la llamada Ley de Residuos Peligrosos 24051, vigente desde 1991 en Argentina. En ella se establece que en determinadas circunstancias la actividad de fumigación puede “configurar un delito; cuando vos pones en riesgo la salud y la vida de la población”. 

“Fue la primera vez que un juez penal aplicó la Ley de Residuos Peligrosos y condenó a un productor sojero a 3 años de prisión; porque lo encontró responsable del delito de contaminación ambiental”, puntualizó.

El objetivo, según Ávila, era “generar un precedente para mostrar que lo que pasaba con el caso de Ituzaingó, es lo mismo que está pasando en provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, y de Buenos Aires que es un problema del modelo”. 

Hoy la “causa madre”, es decir, la segunda etapa del primer juicio, aún no se resolvió. La cámara hizo lugar al planteo del productor Parra referido al “principio en derecho penal; que dice que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho”. 

Rechazo del SENASA

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el único organismo con el poder de prohibir el uso de determinados agroquímicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015 catalogó al glifosato como probable cancerígeno. “Hemos pedido que se revise la autorización conferida en relación al glifosato a partir de esa evidencia; que es evidencia científica”, resaltó Ávila.

El objetivo del pedido es “que se prohibiera en el país, pero eso fue rechazado por el SENASA; en virtud de ese rechazo se inició las acciones administrativas y hoy está todavía paralizada esa causa”, determinó. 

Fumigando en Dique Chico. Crédito: Agustina Almendra Santilli 

El agronegocio y sus consecuencias laborales

El nivel de insumo aplicado en este modelo es más costoso, por ende, “el pequeño productor se ha retirado de la explotación del campo; y lo ha alquilado a los grandes productores”, remarcó el entrevistado.

Esto produjo la pérdida de trabajo de familias enteras porque les verdaderes generadores de empleos eran les pequeñes productores. A su vez, el trabajo que se hacía manualmente se terminó y fue reemplazado por el fumigador. El agronegocio “no genera trabajo”, mencionó.

Otro modelo posible

Para Ávila, la agroecología “tiene que ver realmente con la real producción de alimentos sanos y no de commodities como es lo que en realidad produce el modelo del agronegocio”.

A su vez, implica “la recuperación de los suelos y los microorganismos”. También promueve “la vuelta al trabajo en el campo y el establecimiento de ferias locales”. Incorpora la huerta agroecológica, la cría de animales, “el volver a los conocimientos ancestrales; que son realmente los que promueven un mejor vivir”.

El modelo agrotóxico supone “el avance desmedido de la frontera agropecuaria, la pérdida de bosques nativos por la deforestación; la pérdida de hábitat de animales salvajes y el contacto de esos animales con el ser humano y la aparición de la zoonosis”.  Agregó que “el covid es sólo el comienzo sino cambiamos y no transformamos esta matriz”.

Pero los pueblos, las comunas, las municipalidades, “ya están discutiendo” debido al conocimiento actual por parte de la ciudadanía “que interpela ya a sus intendentes y a sus concejales sobre este modelo”. 

Allí, dijo el abogado, es donde se “está gestando esa verdadera participación ciudadana real efectiva; a través de ordenanzas que alejan las fumigaciones de las plantas urbanas; transformando o recuperando esos suelos para la producción diversificada”. 

La transición será difícil, pero el modelo agroecológico está en curso y “las futuras generaciones pueden hacer algo en ese sentido”. “A nosotros nos toca trabajar fuertemente en eso; para empezar a revertir realmente esta situación que es absolutamente catastrófica y caótica”, reflexionó, para finalizar, Ávila. 

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