El pasado 3 de Junio, durante el último aniversario del Ni Una Menos, una demanda que obtuvo mucha presencia fue la de la generación de una reforma judicial con perspectiva de género. Este reclamo se circunscribe en un periodo histórico donde el poder judicial está siendo discutido con los proyectos de Reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal en el congreso. A pesar de esto, las modificaciones estructurales con perspectiva feminista aparentemente aún permanecen alejadas de la agenda de gobierno.
Según datos del Observatorio Nacional MuMaLá, tres de cada diez víctimas de femicidio y trans/travesticidios habían denunciado a su agresor con anterioridad. El mismo organismo también detecto que del 1° de enero al 31 de mayo de 2021 en Argentina hubo 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, es decir, una muerte cada 25hs. Estás estadísticas reflejan la urgencia que merece repensar el sistema judicial, y generar una reforma integral a la altura de las circunstancias.
Ineficiencia del sistema judicial
Uno de los problemas fundamentales es que el sistema de justicia no logra entregarle a los casos de violencia de género la relevancia que tienen. Esto se ve también muy bien plasmado en las pocas opciones que tienen las personas a la hora de recurrir a la ayuda estatal.
“El campo judicial es la única ventana de atención que existe. La falta de respuestas oportunas deriva muchas veces en desenlaces fatales”, explicó Ileana Arduino, Coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en conversaciones con Nota al Pie.
Una de las consecuencias más grandes que traen estos problemas a la hora de de acceder a la justicia es que en muchas ocasiones termina culminando en un abandono de la víctima. Al final “el sistema de justicia se termina presentando como una instancia más de profundización del daño por la frustración de las expectativas de las víctimas, independientemente de la gravedad de los desenlaces”, agregó.
Otro de los grandes problemas es que en reiteradas ocasiones, la justicia interviene “solo con una propuesta de castigo. Mientras que las personas quieren que el poder judicial intervenga para resolver el conflicto, reglas para que la persona pueda modificar sus actitudes, entre otras cosas”, declaró la abogada feminista. Estas circunstancias no utilizadas reflejan la falta de imaginación institucional y compromiso.
Reformas concretas
A la hora de pensar en una reforma integral con perspectiva de género, Arduino explicó que es crucial establecer un sistema de escuchas efectivas. Incluyendo gente formada en la temática. “Es primordial acabar con el régimen unilateral de castigo que predomina en el actual sistema judicial”, mencionó.
También señaló la necesidad de modificar el actual régimen burocrático debido a que el mismo “está en las antípodas”. Por lo que termina obstaculizando muchas veces el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia de género.
A su vez, habría que establecer nuevos criterios para entender los conflictos. Además de involucrar a la persona agresora y a la agredida, se tengan en cuenta otros actores relacionados con el caso, aunque estos no hayan recibido daño. “Solemos decir que la violencia es una cuestión estructural y situada, pero luego la factura judicial reduce todo a un problema de dos”, declaró la Coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del INECIP.
La aplicación de restricciones es uno de los métodos más utilizados cuando los casos de violencia de género son intervenidos. Ante esto, Arduino señaló que “habría que considera los riesgos concretos que conllevaría, pensando en la protección y seguridad como evitación de una nueva violencia”. Afirmando que es importante también crear nuevos métodos de acompañamiento que no pongan en peligro a las víctimas.
Contra el punitivismo
Una de las temáticas más abordadas cuando se debate sobre la reforma judicial con perspectiva de género, es la cuestión del punitivismo. Sobre esto, la abogada especialista en derecho penal declaró que “las personas a la hora de denunciar tienen intereses muy diversos, y el castigo penal termina siendo una respuesta unívoca y torpe, que en sí mismo no responde a lo que las personas quieren, que es el cese de violencia”.
También agregó que “hay que invertir la mirada y centrarse en absorber el daño y reparar, en responsabilizar, que no necesariamente es lo mismo que castigar penalmente”.A pesar de que hay violencias extremas que se producen con alta impunidad en el país y justifican la utilización del aparato penal, es un error que este sea empleado para cualquier situación de violencia de género. Este uso indiferenciado termina generando que no se desarrollen “nuevas acciones y vinculaciones para gestionar violencias que son menos graves pero requieren atención urgente”, sentenció Arduino.