Frente a la intención de avanzar con un proyecto minero en Malargüe, Provincia de Mendoza, el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, manifestó su esperanza de que puedan revertirse las leyes que restringen la explotación. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de un evento en el que se celebró el Día de la Industria Minera (7 de mayo).
“Una cosa es hablar de la necesaria protección del ambiente y del cumplimiento de los estándares y otra es la paralización de las actividades productivas que permiten que la gente pueda vivir dignamente y tener oportunidades”, declaró el secretario.
En ese sentido, Hensel lamentó que en la jurisdicción de Mendoza no se haya podido reformar la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas, con el objetivo de limitar el desarrollo de la actividad. Además, planteó la necesidad de concientizar a la población mendocina sobre la necesidad de impulsar la minería y destacó la capacidad de generar empleo que supone la misma.
El rechazo popular frente a la minería
Los intentos de flexibilizar la reglamentación que restringe la actividad minera en Mendoza datan desde el 2019. Por ese entonces, se sancionó una ley que disponía reformas que facilitarían la megaminería. Sin embargo, frente al rechazo popular, el gobernador tuvo que dar marcha atrás.
Al igual que en Mendoza, las movilizaciones en contra de la minería se han extendido a lo largo y ancho del país. La histórica lucha del pueblo chubutense, que lleva más de 18 años, y los recientes conflictos en la localidad catamarqueña de Andalgalá, cuya lucha también tiene larga data, han puesto sobre la mesa el gran rechazo popular a esta actividad.
De tal manera, cabe poner en cuestionamiento por qué el Gobierno Nacional sigue insistiendo con el avance de estos proyectos a pesar de la negativa del pueblo.
“El gobierno nacional actual, así como los anteriores, invisibilizan a los pueblos que estamos en esta lucha y en contra de la megaminería”, explica Rosa Farías de la Asamblea de Pucará, Provincia de Catamarca. En ese sentido, aclara que a lo que se oponen es a la megaminería, “esa que te vuela montañas”, y no así a la minería.
El origen de la megaminería
La lucha contra la megaminería tiene larga data. Desde fines de los 90, momento en que Menem (Ex Presidente de la Nación) hizo ingresar la megaminería a la Argentina, los pueblos vienen alzando su voz. Mientras tanto, los gobiernos hacen caso omiso.
“Ellos han tenido un plan sistemático para transformar la megaminería en una política de Estado. Con esa premisa han venido cooptando a muchas personas que no saben lo que es realmente”, explica Farías. Pero en lugares como Andalgalá, se ha ido sembrando conciencia. “Después de 20 años de haber vivido esa primera mega explotación minera podemos decir que la minería no es ninguna oportunidad de crecimiento”, dice.
“Lo que crecen son algunos proveedores mineros y los políticos. Además, lo que el gobierno hace con este dinero es pagar parte de la deuda externa. Aquí hay que hacer hincapié en que la deuda externa es pagada con los recursos naturales”, declara.
Las consecuencias de la minería
En este contexto se abre una dicotomía entre la habitabilidad del planeta y los intereses económicos del poder económico. Es entonces necesario hacer hincapié en las consecuencias socioambientales ante las cuales el gobierno hace la vista gorda.
En ese sentido, Farías señala que implica un “quiebre en la armonía de los pueblos porque sin dudas hay gente que se opone y gente que no. Esa grieta está siempre latente. Nosotros convivimos con eso hace 10 años”.
Por otro lado, existen consecuencias ambientales, porque “aunque ellos lo nieguen, sí hay contaminación”. Señala, además, que cuando se piensa en un proyecto minero hay que pensar en toda la región, no sólo en un lugar puntual. Toda la zona periférica se ve afectada.
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