En horas de la mañana del viernes, decenas de personas se concentraron frente a la Municipalidad de Marcos Paz para solicitar apoyo ante el inminente desalojo de tres familias.
Se trata de los grupos familiares Roldan, Carbo y Petraccia quienes totalizan cuarenta y un residentes, entre quienes se encuentran niñes con discapacidad. Semanas atrás recibieron la notificación de un juzgado donde se los insta a desalojar las viviendas que habitan.
El predio donde residen se ubica en un sector rural; en proximidades a la ruta 6 y 40 del distrito de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.
El origen del conflicto
Nota al Pie dialogó con Maria Roldan quien contó: “hace cuarenta años que mi papá José Roldán y la familia Carbó vivían en el campo porque trabajaban allí para su propietario Humberto Sinse”.
“Un día el propietario desapareció del lugar sin dar ninguna explicación dejando a los empleados sin pagarles sus sueldos y la indemnización que les correspondía”; explicó la mujer.
La entrevistada comentó que “después el propietario le vendió el campo al señor Carlos Velarde quien se acercó al lugar diciendo que era el dueño y nos exigió que nos retiremos.
Al no acceder a su solicitud nos arrancó el pilar de luz y la bomba de agua quedando las viviendas sin electricidad un mes”.
Luego de esos episodios, pasaron varios años sin novedades. “En el año 2016 falleció el señor Velardi, y en ese entonces se hacen cargo sus hijos. El 4 de marzo de este año nos trajeron la orden de desalojo”, relató Maria Roldan.
La entrevistada advirtió que “se nos informó que perdimos el juicio, siendo que nosotros no habíamos sido notificados del proceso judicial y no tuvimos el derecho de defendernos”.
Actualmente, estas familias reclaman que les titulares del predio paguen los sueldos que en su momento no se pagaron.
El objetivo de la manifestación
Maria Roldan explicó que “la movilización al municipio fue para que nos apoyen y para que a la vez entiendan que estamos pasando por una situación complicada”.Y agregó que “también fue para que nos den seguridad que si mañana nos sacan, no nos dejen solos porque sería desesperante quedarnos sin un hogar”.
En el acto en la municipalidad entregaron un petitorio dirigido al Honorable Concejo Deliberante. El texto enuncia que “nos dirigimos a ustedes a fin de visibilizar la situación de las familias que se encuentran en inminente desalojo”.
También menciona que “es de público conocimiento las reiteradas injusticias vividas durante años, siendo trabajadores de la tierra cuando fueron abandonados por el propietario sin haberles pagado sus salarios”.
A su vez el comunicado expresa: “señoras y señores concejales, las situaciones de pobreza humillan la dignidad humana, por eso esperamos de ustedes un pronunciamiento promoviendo la mediación con el Poder Ejecutivo y Judicial para que estas familias tengan una vivienda digna y se les reconozca lo trabajado”.
La manifestación contó con el apoyo del Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), integrantes de SUTEBA y la organización Tierra para Vivir.
Opinión del abogado de las familias.
El abogado Juan Pablo Merlo, quien es defensor de las familias residentes expresó que “quien compra un campo debe solicitar que previo a realizar la operación se resuelva el tema de residentes, o bien puede comprar y hacerse cargo de las personas que están adentro”.
El especialista en leyes realizó esas declaraciones a la emisora de radio AFC de General Las Heras, señalando que en este caso en particular no aconteció ninguna de las dos posibilidades. El letrado también manifestó que quienes viven en el campo “permanecieron allí no porque sean usurpadores sino porque eran trabajadores del lugar”.
Merlo admitió que “la sentencia de desalojo es irreversible”. Sin embargo informó “que va a investigar sobre el título de propiedad del terreno para ver en qué condición está”. También subrayó que “no todas las familias que residen en el predio estaban al tanto del juicio de desalojo”.